Perú se sume en una ola de violencia con 7 muertos y un centenar de policías heridos
Las manifestaciones de protesta que estallaron este domingo contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano alcanzaron su máximo nivel de violencia este lunes con siete muertos, un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó que ha aumentado a siete las personas que han perdido la vida en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que destituyó al expresidente Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado.
«Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (…) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego», dijo en una entrevista al canal Epicentro TV la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa.
La Dirección Regional de Salud de Apurímac detalló en un comunicado que un adolescente de 16 años con las iniciales R.P.M.L. falleció el mediodía del lunes por una herida de bala tras una protesta en Chincheros, en el departamento de Apurímac.
Durante la tarde, confirmó que se habían muerto otros dos jóvenes de 18 años, Jonathan Encino Arias y Wilfredo Lizarme.
A estas tres víctimas notificadas en las últimas horas se suma otro joven fallecido esta mañana en Chincheros, otro varón muerto en protestas en la segunda ciudad más grande del país, Arequipa, y a los dos fallecidos en la tarde de este domingo en Andahuaylas.
«Estamos pidiendo la investigación de estos casos, que, de verdad, son muertes inútiles, porque si se tomaran decisiones oportunas esta situación no debía pasar», indicó al añadir que se necesita una solución política. «Esperamos que este gabinete pueda conducir este momento oscuro y se dé el adelanto de elecciones que la población quiere», señaló.
Estado de emergencia en Apurimac
A raíz de la convulsión social, el Gobierno decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte .
Durante 60 días quedará suspendido en Apurimac los derechos constitucionales relativos a «la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la constitución peruana.
Debido al enfrentamiento con los manifestantes, un total de 119 policías peruanos han resultado heridos, algunos de gravedad por golpes, según reveló el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general Oscar Arriola.
En Andahuaylas, los manifestantes atacaron 14 comisarías y, en una sede policial, los efectivos fueron agredidos con explosivos, indicó Arriola.
El jefe de la Dircote afirmó que detrás de las protestas también «está (el grupo terrorista) Sendero Luminoso, el Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) y otros organismos generados por el marxismo-leninismo».
«El Movadef (considerado el brazo político de Sendero Luminoso) tiene actividad en estas marchas», subrayó Arriola, tras mencionar que la Policía ha detectado que exconvictos por terrorismo e integrantes de Movadef «están infiltrados» en las movilizaciones.
Ataques a la prensa
Durante esta jornada, las protestas también se sintieron en Lima, donde grupos de manifestantes atacaron la sede del Ministerio Público, así como los locales del canal América Televisión y de Panamericana Televisión, además de un vehículo de la emisora de radio Exitosa.
En el primer caso, los manifestantes atacaron con piedras y objetos contundentes la sede de América Televisión y Canal N en la céntrica urbanización limeña de Santa Beatriz, dañando ventanas y parte de la infraestructura del edificio.
En otro punto cercano de la ciudad, atacaron la sede de Panamericana Televisión, ante lo que muchos trabajadores del medio corrieron a protegerse.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) condenó en su cuenta de Twitter los «atentados a las sedes físicas de Panamericana TV y América TV y Canal N, además de la vandalización a un vehículo de Exitosa Noticias con agresión física a su chófer, Víctor Nolly».
«El derecho a la protesta no soporta estos actos vandálicos que lo desvirtúan. Instamos a la ciudadanía a ejercer su legítimo derecho pacíficamente. Desde la ANP ya hemos coordinado con la Fiscalía para que inicien las acciones correspondientes en estos casos», concluyeron.
Cortes en carreteras de todo Perú
Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados este lunes por manifestantes, con la quema de ruedas y contenedores, informó la Policía Nacional.
El punto donde se han registrado protestas más numerosas es la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa -una de las cunas de la minería peruana-, donde cerca de 4.000 personas participan en una protesta que fue de las primeras en comenzar en todo el país.
Las regiones del sur de Perú, regiones donde el expresidente Pedro Castillo tiene más apoyo, suman la mayoría de los cortes de la red de carretas, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también tomaron el aeropuerto internacional, y Cuzco.
En el norte del país, la Policía Nacional de Perú (PNP) solo ha registrado cortes de carreteras en la provincia costera de Trujillo, donde una centena de pobladores de la región de Viru han cortado la Panamericana Norte en los kilómetros 503 y 512 para pedir la liberación de Castillo.
Los cuerpos policiales han contado al menos seis puntos cortados en Arequipa, los mismos que en Cuzco y dos más que en la costera provincia de Ica.
Otras provincias del sur e interior del país como Puno, Abancay, Uyacali y Tacna también han sufrido cortes de carreteras por parte de los manifestantes.
En total, la Policía peruana cuenta que más de 6.000 manifestantes contra el Gobierno de Dina Boluarte son los causantes de los cortes de carreteras que afectan a miles de conductores.
El Gobierno envía al Congreso el proyecto de adelanto de elecciones
El Gobierno de Perú formalizó ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales en el país para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo, en medio de la grave crisis política y social que afronta el país andino.
«El contexto actual de crisis política y social no es menos diferente que las situaciones que motivaron en el pasado la formulación de una propuesta que implique el adelanto de las elecciones generales para el recorte de mandato», sostiene el proyecto en sus fundamentos.
La norma, que ya fue anunciada por Boluarte pasada la medianoche de este lunes, propone una «reforma constitucional, que modifica el mandato de la presidenta de la República, de las y los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, y establece el adelanto de elecciones generales para el año 2024».
Su entrega formal fue confirmada este lunes por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, durante una presentación ante el pleno del Congreso a la que acudió junto al ministro del Interior y del primer ministro para dar los detalles de las manifestaciones violentas que se reproducen en el interior del país desde el domingo.
En el proyecto se incorpora una disposición transitoria que indica que, ante su carácter excepcional, ya que el actual mandato debe terminar en julio de 2026, «no son de aplicación» para las actuales autoridades electas los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución peruana, que establecen un permanencia en sus cargos durante cinco años.
Detalla que la propuesta para que los comicios sean en abril de 2024 está «vinculada con el cierre del padrón electoral», que debe realizarse un año antes, el mismo plazo límite en que las leyes establecen para hacer reformas legales.
Las denuncias contra Castillo
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.
El documento, al que tuvo acceso EFE, señala a Castillo como «presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión» y, «alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración».
Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.
La denuncia detalla que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado miércoles supuso «un acto arbitrario» que contraviene lo establecido en el artículo 118 de la Constitución.
También, que su intención de reorganizar el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, atenta contra la autonomía de las citadas entidades.
«Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad», señala el documento.
Además, la fiscal denunció a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, al exministro del Interior Willly Huerta y al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración.
El documento en el Congreso
El documento fue presentado al Congreso luego que el Legislativo aprobara durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios-, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.
La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.
En un pleno extraordinario muy bronco, en el que incluso un parlamentario defensor de Castillo agredió a un detractor del exmandatario, el Legislativo puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, Chávez y Huerta.
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
Colombia, México, Argentina y Bolivia piden respeto a investidura de Castillo
Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron «su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo», al que aún consideran presidente de Perú y que ven como «víctima de un antidemocrático hostigamiento».
En un comunicado conjunto, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo objeto de «objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio» y pidieron que se respete la «voluntad ciudadana» expresada en las urnas por el pueblo peruano.
