Una ley bloqueada prolonga el miedo de los presos políticos venezolanos
Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven sumidos en la incertidumbre mientras la Asamblea Nacional debate una ley de amnistía que, lejos de generar consenso, ha abierto un profundo enfrentamiento entre el oficialismo, la oposición y las organizaciones de Derechos Humanos.
La denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha sido aprobada por unanimidad en segunda lectura en seis de sus artículos, pero permanece bloqueada en el séptimo, uno de los puntos más controvertidos del texto, cuya discusión se retomará el próximo martes 17 de febrero.
El punto clave: ponerse a disposición de la Justicia
El principal escollo es la exigencia de que los posibles beneficiarios deban ponerse “a derecho”, es decir, presentarse ante las autoridades judiciales. En la práctica, esto obligaría a exiliados políticos a regresar al país y reconocer hechos que niegan haber cometido.
Para ONG y activistas, esta condición desvirtúa el concepto de amnistía, al implicar un reconocimiento implícito de culpa. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos advierten de que el texto traslada a las víctimas y a sus familias la carga de justificar detenciones arbitrarias motivadas por razones políticas.
Críticas de ONG por exclusiones y ambigüedad
Las organizaciones de Derechos Humanos han expresado su preocupación por las exclusiones contempladas en la ley y por la redacción ambigua del articulado. La normativa dejaría fuera a personas acusadas de violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional y delitos contra el patrimonio público.
Esta exclusión afecta, entre otros, a militares detenidos o exiliados por su presunta vinculación con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018 o con la llamada Operación Gedeón.
Además, el periodo de aplicación de la amnistía se amplía desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigor de la ley, una modificación que ha generado nuevas dudas sobre su alcance real.
Una exposición de motivos bajo sospecha
Las críticas también se han dirigido a la exposición de motivos, publicada días después de la primera aprobación parlamentaria. Según la asociación Acceso a la Justicia, el texto incurre en contradicciones que suponen una revictimización, al recurrir al concepto de “clemencia soberana”, que presupone culpabilidad previa.
El documento alude a la necesidad de cerrar heridas causadas por la confrontación política y menciona el término “extremismo” sin definirlo, lo que para las ONG introduce un margen peligroso de interpretación.
Cambios parciales tras la presión social
Pese a la opacidad del proceso, las organizaciones civiles han valorado que el presidente de la comisión parlamentaria, Jorge Arreaza, haya abierto un canal de diálogo. Fruto de estas reuniones, se han introducido cambios en el artículo 5, incorporando el principio de in dubio pro reo, es decir, la interpretación más favorable al imputado en caso de duda.
No obstante, las ONG insisten en que la ley sigue siendo insuficiente y mantiene riesgos jurídicos para los beneficiarios.
Reconciliación sin rendición de cuentas
El texto incorpora una disposición sobre la reintegración a la actividad pública de las personas amnistiadas y la garantía de no repetición de los hechos, pero no aborda de forma clara la reparación de las víctimas.
La experta María Eloísa Quintero, miembro de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, ha recordado que ninguna transición es viable sin rendición de cuentas y ha reclamado reformas estructurales para desmantelar el marco legal que ha permitido la persecución política.
Mientras el Parlamento continúa el debate, las familias de los presos políticos venezolanos siguen esperando una ley que libere sin condiciones, no una norma que prolongue la incertidumbre y el miedo.
