La Justicia argentina sienta al expresidente Alberto Fernández en el banquillo por corrupción

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sido procesado formalmente por corrupción por la Justicia federal de su país, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su mandato (2019-2023). La resolución judicial, emitida por el juez Sebastián Casanello, señala al exmandatario como responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, un cargo que conlleva una posible pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Este procesamiento marca el primer caso judicial por corrupción contra Fernández desde que abandonó la presidencia, aunque no es el único proceso al que se enfrenta.

Un esquema millonario de comisiones irregulares

Según detalla el fallo judicial, la causa gira en torno a la relación entre Fernández y el corredor de seguros Héctor Martínez Sosa, presuntamente beneficiado por decisiones del entonces presidente. Martínez Sosa, vinculado profesionalmente al exmandatario desde antes de su llegada al poder, habría recibido el 60% de las comisiones abonadas por Nación Seguros entre 2020 y 2023. Este volumen representa más de 2.250 millones de pesos, lo que se estima podría haber llegado a equivaler a 19 millones de euros en su momento, debido a la inflación y la devaluación del peso argentino.

La investigación sostiene que Fernández utilizó su posición como jefe del Estado para favorecer directa e indirectamente los negocios de su antiguo cliente, afectando los principios de imparcialidad y transparencia exigibles a la administración pública.

El juez ha ordenado el embargo de bienes de Fernández por más de 14.600 millones de pesos (alrededor de 9,9 millones de euros) y también ha procesado a otras figuras de su entorno, entre ellos:

• Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, por administración fraudulenta agravada.

• María Cantero, su exsecretaria privada, por los mismos cargos que el expresidente y omisión de deberes de funcionaria pública.

Acusado también de violencia de género

Además del caso de corrupción, Alberto Fernández enfrenta un segundo proceso judicial desde febrero de 2025 por violencia de género, tras la denuncia presentada por su ex pareja, Fabiola Yáñez, madre de su hijo. La querella incluye acusaciones de agresiones físicas y psicológicas, supuestamente ocurridas durante su convivencia en la residencia presidencial de Olivos.

La denuncia fue formalizada en agosto de 2024 desde Madrid, ciudad donde reside actualmente Yáñez con el menor, y se basa en pruebas descubiertas durante la investigación por corrupción, entre ellas mensajes de texto y fotografías de lesiones en el teléfono móvil de la exsecretaria presidencial, María Cantero.

Entre los indicios que la fiscalía considera clave figuran imágenes de Yáñez con hematomas visibles en un ojo y el brazo, además de relatos sobre presuntos episodios de asfixia, bofetadas y amenazas. Por este caso, el juez impuso en febrero un embargo adicional de 10 millones de pesos.

Fernández niega todas las acusaciones y ha anunciado que demostrará su inocencia ante los tribunales, aunque todavía no ha comparecido públicamente tras conocerse el último procesamiento.

Un precedente judicial sin parangón en Argentina

Se trata de la primera vez en la historia democrática argentina que un expresidente es procesado simultáneamente por corrupción y por delitos de violencia de género, en dos causas judiciales independientes. La noticia ha generado un fuerte impacto político y mediático, especialmente en el contexto de crisis institucional y polarización social que vive el país.