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El Gobierno de Milei le retira la pensión a Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner. / Archivo / EP
El Gobierno de Argentina ha anunciado este jueves la suspensión de la pensión que cobraba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de su reciente condena por corrupción

La medida incluye tanto la jubilación por haber ejercido como líder del Ejecutivo como la pensión complementaria que recibía por el fallecimiento de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

Según el portavoz oficial, Manuel Adorni, la decisión responde a que Cristina Kirchner fue condenada por el delito de acción fraudulenta, lo que, a su juicio, contradice los principios de honor, mérito y buen desempeño que deberían regir en la política argentina. Adorni subrayó que las pensiones a exmandatarios deben ser un privilegio, pero que no deberían existir en casos de personas condenadas por corrupción.

La pensión que Cristina Kirchner venía percibiendo ascendía a unos 21 millones de pesos al mes, equivalentes a poco menos de 20.000 euros al cambio oficial, lo que la convertía en una de las pensiones más altas del país, según publica The Objective.

Causa Vialidad: condena y repercusiones políticas

La decisión del Gobierno llega días después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena de seis años de prisión y inhabilitación perpetua a la expresidenta por su implicación en la Causa Vialidad, un caso relacionado con supuestos fraudes en la concesión de obra pública. Aunque aún cabe la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, el Gobierno de Javier Milei ha decidido adelantar la suspensión de ciertos beneficios a Kirchner, en lo que considera una medida de justicia frente a la "indignidad" de su condena.

El portavoz del Gobierno insistió en que durante el mandato de Milei, Argentina no destinará fondos públicos a personas condenadas por corrupción, en un claro mensaje de que el nuevo Ejecutivo buscará reformar el sistema político y evitar que figuras cuestionadas mantengan ciertos privilegios.

Esta decisión ha provocado controversia en el país, ya que se considera una acción simbólica para distanciar al nuevo gobierno de las figuras políticas asociadas a casos de corrupción. Sin embargo, también ha generado debates sobre la legalidad y las implicaciones de retirar pensiones a exmandatarios en el marco de la justicia argentina.