China exige a EE. UU. que no interfiera en el contrato español con Huawei
China ha solicitado oficialmente a Estados Unidos que se abstenga de intervenir en el contrato firmado entre el Gobierno español y la multinacional Huawei para la gestión de las escuchas policiales, tras el malestar provocado por la presión de congresistas republicanos estadounidenses. El caso, que ha generado gran polémica internacional, afecta directamente a la seguridad digital y a la cooperación bilateral en materia de inteligencia.
Huawei, adjudicataria del sistema de escuchas legales en España
El Ministerio del Interior ha adjudicado un contrato valorado en 12,3 millones de euros a Huawei para gestionar y almacenar de forma segura las intervenciones telefónicas ordenadas por jueces y fiscales. Según el Gobierno chino, el sistema es "totalmente seguro" y no permite el acceso externo a los datos, garantizando así la confidencialidad de las investigaciones judiciales y policiales españolas.
Washington exige revisar los acuerdos de inteligencia con España
El detonante de la disputa ha sido una carta enviada el 16 de julio por el senador Tom Cotton y el congresista Rick Crawford a la directora de la Inteligencia Nacional de EE. UU., Tulsi Gabbard, en la que instan a revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con España. Los legisladores advierten de que Huawei mantiene vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh) y que, por ley, está obligada a compartir información si así lo requiere el gobierno chino.
Según el texto, permitir que Huawei custodie las escuchas judiciales "podría comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos y de la OTAN, abriendo la puerta a un acceso secreto a las investigaciones sobre espionaje chino u otras actividades sensibles".
La respuesta china: “Un acto de bullying”
La Embajada de China en España ha calificado la presión de EE. UU. como “un acto típico de acoso político” y una maniobra para “difamar y bloquear a empresas chinas en el ámbito internacional”. En su comunicado, el portavoz denuncia la falta de pruebas que sustenten las acusaciones de espionaje y asegura que los productos de Huawei cumplen estrictamente las leyes españolas.
Además, acusa a EE. UU. de politizar la seguridad nacional, usando argumentos infundados para atacar la actividad comercial de compañías extranjeras. “Es inadmisible que se vulnere la cooperación económica entre España y China, basada en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio compartido”, señala el texto.
China defiende el marco legal y la transparencia de sus empresas
Pekín confía en que el Gobierno de España continúe garantizando un entorno empresarial justo, abierto y transparente, donde las empresas chinas no sean discriminadas por presiones externas. El comunicado subraya que Huawei “no permite el acceso externo a los datos gestionados” y que cualquier acusación contraria carece de base legal.
Un contrato con implicaciones geoestratégicas
El caso ha reabierto el debate sobre la presencia de empresas tecnológicas chinas en infraestructuras críticas europeas, especialmente en sectores como las telecomunicaciones, defensa y seguridad. Para Estados Unidos, permitir que Huawei administre escuchas judiciales en un país aliado representa un riesgo estratégico. Para China, en cambio, representa un avance legítimo en su colaboración tecnológica con Europa.
El resultado de esta controversia podría marcar un precedente en futuras adjudicaciones públicas a empresas tecnológicas extranjeras, en un escenario internacional cada vez más condicionado por las tensiones entre Washington y Pekín.
