El chavismo aprueba una amnistía hecha a su medida
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada en su totalidad por el chavismo, ha aprobado por unanimidad una controvertida Ley de Amnistía que, según numerosos analistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, beneficia principalmente al propio régimen y a sus aliados. La iniciativa, que ha sido presentada como un gesto hacia la reconciliación nacional, ha dejado en el limbo jurídico a centenares de presos políticos y exiliados venezolanos.
Según informó el Foro Penal Venezolano, hasta la fecha han sido excarcelados 448 presos políticos, entre ellos Maikelis Borges, pareja de un teniente rebelde y madre de un bebé nacido en prisión. "Nos alegraremos por cada persona liberada, pero esto no es una verdadera transición a la justicia", afirmó Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.
La ley excluye explícitamente a 185 militares y a los implicados en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, así como a los perseguidos por los llamados "delitos de odio", un concepto vagamente definido que ha sido utilizado por el chavismo para criminalizar críticas y manifestaciones pacíficas. Víctimas de esta categoría han sido detenidas por compartir memes o usar camisetas con mensajes de protesta.
"Esta ley es una trampa jurídica disfrazada de reconciliación", denunció desde el exilio Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas. Por su parte, el opositor Pedro Urruchurtu calificó la medida como una maniobra del régimen para ganar tiempo y manipular la opinión pública: "No necesitan una ley para liberar a inocentes, solo voluntad. Esta es una farsa legislativa".
Entre los puntos más criticados de la ley está la situación de los exiliados políticos, quienes deberán presentar sus casos a través de representantes legales en los tribunales venezolanos, lo cual dificulta enormemente cualquier posibilidad de justicia o retorno seguro. Esto afecta directamente a figuras como María Corina Machado, Leopoldo López y Julio Borges, quienes siguen siendo acusados por "promover o financiar acciones armadas o de fuerza".
El chavismo también ha creado una comisión especial para revisar los casos no contemplados por la amnistía, un mecanismo que según expertos, podría convertirse en otro instrumento de dilación y control político. A pesar de ello, el oficialismo asegura que la ley abre "una nueva etapa de paz y reconciliación nacional", en palabras de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien recibió la legislación en el Palacio de Miraflores.
"La dignidad no se subasta ante la farsa de la amnistía", sentenció Lexys Rendón, activista de derechos humanos, al denunciar que la normativa mantiene intactos los mecanismos de persecución y represión política del Estado chavista.
Mientras tanto, las mujeres de presos políticos continúan en huelga de hambre frente al centro de detención Zona 7, en un campamento improvisado que se ha convertido en símbolo de resistencia pacífica. A pesar de la aprobación de la ley, muchas familias se niegan a abandonar la protesta hasta que todos los prisioneros de conciencia sean liberados.
La comunidad internacional observa con escepticismo los recientes movimientos del chavismo, y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido un seguimiento exhaustivo de las liberaciones y del cumplimiento de los derechos fundamentales de los beneficiados por esta ley.