El Gobierno y la oposición siria impidieron el acceso de ayuda humanitaria a zonas arrasadas por los terremotos del 6 de febrero, afirmó hoy la Misión de Investigación de la ONU para Siria, que también acusó a las propias Naciones Unidas de haber actuado con lentitud.

“El Gobierno sirio tardó una semana en consentir la llegada de ayuda humanitaria a través de la frontera y tanto éste como los rebeldes del Ejército Nacional Sirio impidieron que esa ayuda arribara a comunidades afectadas”, subrayó la comisión formada por tres expertos.

De forma similar, el grupo terrorista conocido como Organización para la Liberación del Levante (Hayat Tahrir al-Sham, HTS), que opera en el noroeste de Siria afectado por los seísmos, rechazó la llegada de ayuda procedente de Damasco, indicaron.

“Hubo un amplio fracaso por parte del Gobierno sirio pero también de la comunidad internacional, Naciones Unidas incluidas, a la hora de llevar ayuda vital a sirios en situación desesperada”, concluyó en rueda de prensa el brasileño Paulo Pinheiro, presidente de la comisión.

Los ataques no pararon tras los terremotos

“El conflicto no sólo no paró durante el terremoto, sino que continuaron los ataques”, añadió Pinheiro, quien denunció en este sentido los que recientemente ha llevado a cabo el ejército israelí contra el aeropuerto internacional de Alepo y otras zonas cercanas.

La misión también reprochó a todas las partes su falta de voluntad para buscar una inmediata pausa en las hostilidades para ayudar a las víctimas, por lo que “la población siria se sintió abandonada en los momentos de mayor desesperación”.
El jefe de la misión reclamó que estas negligencias sean investigadas y sus responsables rindan cuentas.

Los expertos lanzaron estas acusaciones en la presentación de un nuevo informe sobre violaciones de derechos humanos en el conflicto sirio, que está a punto de cumplir 12 años.

El nuevo documento, que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 21 de marzo, está centrado especialmente en abusos denunciados en los últimos seis meses, aproximadamente el tiempo transcurrido desde la última comparecencia de los expertos ante el citado órgano de Naciones Unidas.

En zonas controladas por el régimen de Bachar al Asad, el informe denuncia que continúan violaciones de derechos humanos tales como detención arbitraria, torturas y desapariciones forzadas.

Se documentaron varios ataques gubernamentales indiscriminados contra civiles en el noroeste del país (la zona que luego se vio afectada por los terremotos), como el perpetrado con proyectiles explosivos que mató a siete personas en noviembre en Idlib, o uno en el que fallecieron 16 personas en un mercado cercano a Alepo.

En relación con estos ataques, otro perpetrado en julio por aviones militares de Rusia, aliada de Al Asad, destruyó una vivienda civil, matando a siete personas e hiriendo a otras 13.

El informe también recogió violaciones cometidas en el noreste por las Fuerzas Democráticas Sirias, la alianza liderada por combatientes kurdos, que según la misión “continúa privando ilegalmente de libertad a 56.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, en los campos de Al Hol y Roj”.

Condiciones en los campos de prisioneros

Las condiciones en estos campos de los prisioneros, allí detenidos por ser considerados familiares de militantes del Estado Islámico, continúan deteriorándose y el maltrato que sufren podría ser considerado un crimen de guerra, advirtieron los expertos.

Éstos también subrayaron que HTS ha cometido abusos que van desde detenciones arbitrarias a torturas e incluso ejecuciones mediante fusilamiento, silenciando a las voces críticas de las zonas bajo su control.

El informe fue elaborado antes de los terremotos con entrevistas a víctimas de abusos que llevaron a cabo los miembros de esta comisión, de la que, junto a su presidente Pinheiro, forman parte el egipcio Hanny Megally y la británica Lynn Welchmann.