Portugal aprueba una de las leyes antiokupas más duras de Europa
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado este lunes la ley que blinda el derecho de propiedad en Portugal y endurece drásticamente las penas contra la okupación ilegal de viviendas. Apenas un mes después de su aprobación parlamentaria, la nueva legislación marca un antes y un después en la lucha contra quienes se apropian de inmuebles ajenos.
La norma, publicada en la web oficial de la Presidencia el pasado 17 de noviembre, establece penas de hasta dos años de prisión o multas de 240 días para quienes invadan una vivienda sin autorización. En los casos con ánimo de lucro, la pena podrá llegar hasta los cuatro años de cárcel.
Pero más allá de las sanciones, el auténtico cambio llega en la capacidad de actuación inmediata de las autoridades. Si hay indicios claros de ocupación ilegal y el denunciante puede acreditar la propiedad del inmueble, el juez podrá ordenar la devolución inmediata de la vivienda, sin necesidad de esperar a que se demuestre riesgo de fuga o destrucción de pruebas, como ocurría hasta ahora.
También se castigará la mera tentativa de ocupación: «Se acabó la impunidad para quienes intentan asaltar una propiedad aunque no consigan consumar el delito», advierten fuentes jurídicas.
El texto legal fue aprobado el pasado 22 de octubre con el respaldo del PSD, PS, Iniciativa Liberal, CDS y JPP, en lo que se considera un amplio consenso parlamentario. Solo Livre, PCP, Bloco de Esquerda y Chega votaron en contra, mientras el PAN se abstuvo.
Según Rádio Renascença, la ley contempla agravantes importantes:
– Si la ocupación se produce con violencia o amenazas graves, la pena podrá alcanzar los tres años de cárcel.
– Si hay ánimo de lucro, la condena subirá hasta cuatro años.
Para los casos en los que el inmueble ocupado sea de titularidad pública y se utilice como vivienda habitual, la ley prevé un análisis socioeconómico de los ocupantes antes de proceder a cualquier desalojo, incluyendo la posibilidad de respuestas sociales alternativas.
Esta nueva normativa responde a una creciente preocupación por la proliferación de okupaciones en Portugal, donde los propietarios se veían hasta ahora atados por procesos judiciales lentos y costosos. Con la nueva ley, las autoridades tendrán herramientas legales claras y eficaces para devolver las propiedades a sus legítimos dueños.
La promulgación por parte de Rebelo de Sousa consolida el giro legal y político hacia una defensa firme de la propiedad privada en Portugal, en una línea que muchos en Europa ya reclaman imitar.