El medio ambiente no entiende de ideologías

En las últimas semanas se han generado numerosos titulares que responsabilizan al Gobierno central de la aplicación del artículo 11 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, calificándolo como «tasazo»o «basurazo». Esta ley obliga a las entidades locales a establecer, antes de abril de 2025, una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Los desafíos medioambientales no entienden de colores políticos; sus consecuencias, desde el cambio climático hasta la gestión ineficaz de los residuos, nos impactan a todos por igual, sin importar nuestras creencias o afiliaciones. Al escuchar estos titulares, uno podría pensar que hasta ahora nadie había tenido tiempo de revisar una ley aprobada en 2022, que ofreció un plazo de tres años para que los ayuntamientos adaptasen sus tasas.

En lugar de lanzar mensajes partidistas, sería más constructivo informar a la ciudadanía sobre qué acciones se están llevando a cabo para cumplir con la Ley, y la hoja de ruta clara que se está siguiendo para alcanzar los objetivos de reutilización y reciclaje marcados por Europa. La falta de información sobre acciones concretas realizadas hasta ahora en Cantabria es preocupante.

Polémica con la Tasa de Residuos

El denominado «Tasazo de Basuras de Sánchez» es la transposición de la Directiva Europea 2018/851, que obliga a los Estados miembros a asegurar la sostenibilidad financiera de sus sistemas de gestión de residuos. Esta directiva no es una ocurrencia de un gobierno en particular, sino una medida necesaria para cumplir con los compromisos internacionales en materia medioambiental.

La normativa exige que los Estados Miembros recurran a «instrumentos económicos» que graven la generación de residuos, siguiendo la jerarquía de residuos (priorizando la prevención, la reutilización y el reciclaje) y bajo el principio de «quien contamina, paga». El artículo 11 de la Ley 7/2022, obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa que cubra el coste real de la gestión de residuos, incluyendo la vigilancia de vertederos y las campañas de concienciación. A día de hoy, estamos muy lejos de cumplir con estas exigencias.

Situación Actual

¿Realmente sabemos cuánto pagamos por la gestión de nuestros residuos? Aunque el tratamiento de residuos representa una parte significativa del presupuesto municipal (alrededor del 7 %), la mayoría de los ciudadanos desconoce el coste real del servicio.

En España, muchas entidades locales no cuentan con una tasa de residuos propia, y optan por vincularla a otros servicios, como el consumo de agua o el valor catastral (IBI). Sin embargo, estos métodos no reflejan directamente la cantidad de residuos generados, distorsionando los costes reales y provocando un déficit estructural. Según un informe de la Fundación ENT, la mayoría de las tasas municipales solo cubren alrededor del 50 % del coste real de la gestión de residuos. Para cubrir el coste real deberían incrementarse en un 80 %.

Esto impactará también a los municipios donde empresas públicas como MARE, gestionan parte del servicio sin trasladar el coste total a los ayuntamientos. A partir de abril de 2025, estos municipios deberán asumir los costes reales sin poder beneficiarse de bonificaciones.

Posibles sanciones

El incumplimiento de las normativas europeas no es un tema menor. En junio de 2023, la Comisión Europea emitió un informe de alerta temprana advirtiendo que España corre el riesgo de no alcanzar los objetivos fijados para 2025. En estos momentos, el país está lejos de alcanzar el 55 % de reutilización y reciclaje de residuos municipales, con unas cifras que en 2021 se situaban en el 36,7 %. Además, el 52 % de los residuos municipales sigue siendo depositado en vertederos, muy por encima del objetivo del 10 % para 2035.

El riesgo de sanciones es elevado. España podría enfrentarse a multas y restricciones en el acceso a fondos europeos si no se adapta a los objetivos de la UE. ¿Quién va a pagar estas multas? Lo más probable es que el Gobierno traslade estas sanciones a las comunidades autónomas que, a su vez, responsabilizarán a los municipios.

La importancia de la digitalización del sector

Para enfrentar los retos que plantea la Ley 7/2022, la digitalización y la innovación son elementos clave. En este punto, los contenedores inteligentes juegan un papel fundamental, facilitando una gestión más eficiente de los residuos y ayudando a los municipios a mejorar sus ratios de reciclaje.

Este tipo de tecnología también fomenta la participación ciudadana, ya que permite identificar a los usuarios que reciclan correctamente, y posibilitan la aplicación de una tasa más justa que premie las prácticas más responsables con el medio ambiente.

La digitalización no solo optimiza la utilización de recursos y reduce costes, sino que también impulsa una gestión más transparente orientada hacia la sostenibilidad, creando beneficios tanto medioambientales como económicos.

Conclusión

Aunque aumentar las tasas de residuos no es una medida popular, es imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema y cumplir con los compromisos europeos. Esta nueva tasa debe verse como una oportunidad para mejorar la transparencia en la gestión de residuos, optimizar el uso de recursos y recompensar a los ciudadanos y municipios que demuestran un mayor compromiso con la sostenibilidad.

Es esencial que las entidades locales modernicen sus sistemas, reduzcan costes e impulsen campañas efectivas para acercarse a las metas europeas.

En este contexto, cabe destacar la intervención del consejero cántabro de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, durante un acto en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) la semana pasada. Media subrayó la disposición de su Consejería para trabajar junto a los municipios e impulsar «políticas valientes y decididas en defensa del medio ambiente», con el fin de que Cantabria avance en la gestión y tratamiento de residuos.

Confiemos en ello.