El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias contra Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, y contra altos cargos de la Policía Nacional por su actuación durante las protestas en la calle Ferraz el pasado 6 de noviembre. La concentración, en contra de la Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, terminó con cargas policiales y el uso de gases lacrimógenos.

La magistrada Josefa Bustos ha iniciado un proceso de investigación tras concluir que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación administrativa. El Ministerio Fiscal ha recibido traslado del caso para su análisis y procedimiento.

La denuncia fue presentada por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces, que alega un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades para dispersar a los manifestantes pacíficos. Según el relato, la concentración fue legalmente comunicada y se desarrolló en un ambiente de crítica generalizada.

La denuncia se apoya en vídeos que evidencian la intensidad de la intervención policial, la cual ha sido criticada en diversos medios de comunicación. Además, señala que la actuación contravino los protocolos establecidos para el uso de gases lacrimógenos, que están restringidos solo a situaciones de emergencia o ante agresiones violentas.

Los sindicatos policiales Unión Federal de la Policía (UFP) y Jupol también han mostrado su desacuerdo con la gestión de las protestas, acusando al Ejecutivo de una utilización partidista de la Policía para reprimir manifestaciones legítimas.

La denuncia plantea varios delitos, incluyendo la

disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación administrativa, lesiones a los manifestantes que requirieron asistencia médica, y delitos de tortura y contra la integridad moral.

Este caso ha generado una considerable atención mediática y ha puesto en tela de juicio la gestión de las protestas por parte de las autoridades gubernamentales. La investigación en curso busca esclarecer las circunstancias de la actuación policial y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

La comunidad y los grupos de derechos civiles aguardan los resultados de la investigación, esperando que se aclaren los hechos y se establezcan medidas para asegurar que las manifestaciones pacíficas puedan desarrollarse sin una respuesta desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad. La situación en Madrid refleja la delicada línea entre el mantenimiento del orden público y el respeto al derecho a la protesta pacífica.