Cerca de 250 agentes de la Policía Nacional han desalojado a primera hora de este viernes a 300 okupas, entre ellos unos 180 menores, de un bloque de viviendas de Alcobendas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En el operativo han participado agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y el equipo de vigilancia aérea, que ha contado con drones y un helicóptero. Además, ha intervenido servicios sociales y Protección Civil, entre otros.

En el desalojo no se han registrado incidentes, pero se han vivido momentos de tensión. El bloque de 60 viviendas okupado en su totalidad se ubica en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero de este municipio madrileño. Las familias residían en las viviendas desde 2009.

Los agentes de la Policía Nacional se han personado alrededor de las 6.30 horas de esta mañana y han ido llamando a las casas para que los okupas desalojaran el inmueble

Algunos de los inquilinos han preparando estos días la mudanza, pero otros se resistían a marcharse y esperaban conseguir una moratoria. Señalan que el Ayuntamiento de Alcobendas les ha ofrecido sufragarles uno o dos meses de alquiler. "Aquí hay casi 180 niños viviendo y no quieren ahora ni hacer los exámenes porque están traumatizados, incluso hay alguno que tiene discapacidad", comentaba una de las moradoras, que admite que muchas de las familias viven solo con una ayuda pública de 480 euros. "Hay algunas familias con hasta 10 hijos y no tenemos dónde ir. Estamos empadronados y los niños van a colegios de aquí. Es injusto que nos avisen con solo una semana de antelación y este desahucio hay que pararlo", se quejaba otra mujer.

La gran mayoría de los moradores de estas viviendas son personas de origen marroquí y de clanes familiares. En varias viviendas, según las investigaciones policiales, se trapichea con droga. De hecho, en los trasteros de uno de los bloques se han descubierto estos días restos de cannabis y tiestos empleados para su cultivo con hojas frescas de esta planta. La propia compañía eléctrica cortó hace tiempo el suministro debido a un consumo desorbitado vinculado al cultivo ilegal de marihuana. Los moradores, sin embargo, volvieron a engancharse de forma clandestina.

En los inmuebles todo está lleno de suciedad y destrozado. Caminar por las escaleras es muy complicado, debido a que faltan pasamanos y muchos peldaños están rotos. Los vecinos de bloques próximos aseguran que estos edificios son un foco de inseguridad e insalubridad. La empresa promotora de estas viviendas quebró en 2009 y quedaron vacías. Fue entonces cuando comenzó su okupación. Los actuales propietarios del edificio llevan varios años litigando para recuperar las viviendas. Esta mañana comenzará el desalojo paulatino de las viviendas por orden judicial con la presencia de la UIP. Desde el pasado miércoles está prohibido aparcar delante de los cuatro bloques, que hoy se preparan para una jornada de máxima tensión.

"A DORMIR EN EL COCHE"

Algunos de los vecinos desalojados han expresado su tristeza por tener que abandonar los pisos, que aseguran que quieren pagar pero que no pueden por el alto precio que se les pide, por lo que muchos esta noche "dormirán en el coche, en cajeros o en la calle", según han trasladado a Efe.

Los afectados denuncian especialmente que el desahucio ha sido "violento y brusco", que los agentes les han tratado "como si fueran animales" y que han roto muchas de las puertas, por lo que ahora temen que haya robos de su pertenencias, porque no se les permite volver a entrar.

Paula es una de las afectadas, que asegura que solamente le había llegado una notificación policial, el 29 de mayo, en el que "no ponía la fecha en que les iban a echar", por lo que consideran que el lanzamiento es "ilegal".

Ahora "toca buscarse la vida", añade la joven, que es una de las que ha salido sin ninguno de sus bienes, por lo que cree que esta noche "le tocará dormir en un cajero", y que o el Ayuntamiento le paga la ropa o se tendrá que "ir a robar".

Raúl es otro de los inquilinos, que denuncia que lleva más de diez años buscando un alquiler por la zona, pero los precios rondan los 900 euros y, aunque muchos trabajan, "viven en la pobreza" y no pueden asumir todos los gastos. Por eso, piden "alquileres sociales" acorde a sus rentas.

Por su parte, los vecinos de otros bloques pasaban curiosos ante el despliegue policial, sorprendidos porque "no creen que sea necesario ese operativo", como ha asegurado a Efe Rafa, quien vive en la avenida de en frente y "jamás, jamás, ha sentido inseguridad ni ha visto insalubridad" en el barrio.