Ayuso denuncia el acuerdo de Sánchez y Junts sobre los inmigrantes: "Lo llevaremos a los tribunales"
Madrid acogerá 700 menores mientras Cataluña solo recibirá entre 20 y 30 | Isabel Díaz Ayuso califica el pacto como "injusto" y anuncia acciones legales contra el reparto de menores extranjeros no acompañados.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts para la redistribución de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Según el pacto, Madrid deberá acoger 700 menores, mientras que Cataluña solo entre 20 y 30.
Ayuso ha calificado esta medida como "desproporcionada e injusta", acusando al Gobierno de actuar con criterios políticos en lugar de solidarios. "No se puede usar a los menores como moneda de cambio", ha declarado la presidenta madrileña.
Ayuso impugnará el acuerdo en los tribunales
Desde la Comunidad de Madrid, Ayuso ha anunciado que llevará el acuerdo ante los tribunales y la Unión Europea, argumentando que la distribución impuesta por el Ejecutivo central no es equitativa ni sostenible. "Vamos a recurrir esta decisión, porque perjudica a Madrid y premia a quienes no asumen su parte de responsabilidad", afirmó.
Reparto desigual entre comunidades
El nuevo plan de redistribución de MENAS se basa en el historial previo de acogida de cada comunidad autónoma, un criterio que Ayuso ha criticado duramente. "Madrid ya ha asumido una carga muy superior a la de otras regiones y ahora nos quieren imponer aún más menores, mientras que Cataluña, con un Gobierno afín a Sánchez, apenas recibe una fracción", denunció.
Impacto económico y social en Madrid
Desde 2019, Madrid ha recibido más de 10.600 menores migrantes, lo que ha supuesto un gasto superior a los 40 millones de euros en alojamiento, educación y asistencia sanitaria. "El Gobierno de Sánchez nos impone esta carga sin garantías económicas ni un plan realista", afirmó Ayuso.
Críticas desde el Partido Popular
Líderes del PP han respaldado la postura de Ayuso, denunciando que el acuerdo es una nueva concesión de Sánchez a Junts. "Este pacto no es más que otra cesión a Puigdemont para mantener su apoyo en el Congreso", señalaron fuentes populares.
Por su parte, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia también han expresado su rechazo a la medida, exigiendo mayor financiación y transparencia en el proceso de distribución de los menores.
Una medida polémica
El acuerdo entre el Gobierno y Junts ha generado un intenso debate político y social. Mientras el Ejecutivo lo defiende como una solución para aliviar la presión migratoria en Canarias, la Comunidad de Madrid y otras regiones lo consideran un reparto injusto que favorece a Cataluña.
Con la amenaza de una batalla legal en los tribunales, este conflicto promete marcar un nuevo capítulo en la tensa relación entre Ayuso y el Gobierno de Sánchez.
