El alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, para el que la Fiscalía y la acusación particular piden tres años y medio de cárcel por haber falsificado las firmas de tres presidentes de juntas vecinales en un documento oficial dirigido al Gobierno dentro del proyecto de "Vía Ferrata", ha reconocido que cometió esa "torpeza", aduciendo que lo hizo porque se necesitaba la autorización provisional del proyecto "con premura".

"Confieso mi torpeza porque teniendo todo en la mano para hacerlo bien, lo hice mal", ha señalado Gregorio Alonso durante el juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Cantabria por un delito de falsedad documental y ha apuntado que aunque "tenía las autorizaciones previamente" de los presidentes de las juntas vecinales de Barrio, Ledantes y Villaverde, simuló su firma en un documento dirigido en diciembre de 20216 a la Consejería de Medio Rural, porque iba a expirar la autorización provisional para llevar a cabo las obras y se necesitaba prorrogarla.

El acusado ha destacado que ninguno de los presidentes de las juntas vecinales le ha dicho que no hubiera firmado el documento en los términos que fue remitido a la Consejería, aunque dos de ellos -los de Villaverde y Barros- han declarado que no lo hubieran rubricado al no incluir que recibirían una contraprestación económica por la explotación de la Vía Ferrata.

Al respecto, el alcalde regionalista ha precisado que ese documento únicamente era para la autorización provisional de la obras y en él no se abordaban las condiciones de gestión y explotación, que habría que fijar posteriormente. Además, ha hecho hincapié en que "personalmente no tienen "ningún interés" en un proyecto con el que "los vecinos estaban de acuerdo", como tampoco expuso ninguna oposición a la iniciativa la concejal que presentó la denuncia por este caso, María Paz Calleja (PP).

"El alcalde pedáneo de Barros fue el que me habló de la existencia de ese documento", ha explicado esta concejal. "Soy concejal de la oposición y mi interés era velar por los intereses de los vecinos" ha declarado, apuntando que denunció porque le parecía "algo grave".

En cuanto al hecho de que ninguno de los alcaldes manifestara su interés en querellarse y que finalmente fuera ella quien lo hizo, ha afirmado que "es difícil querellarse a título particular" y que ella, por su condición de concejal "podía hacer algo que ellos como particulares no podía porque conlleva gastos".

A preguntas de la defensa ha reconocido que, posteriormente, escribió una carta a los vecinos, ante la proximidad de las elecciones municipales, en la que les pedía el voto argumentando, entre otras cosas, que Gregorio Alonso "tarde o temprano va a ser inhabilitado".

Por su parte, los presidentes de las juntas vecinales han reconocido que estaban de acuerdo con el proyecto de la Vía Ferrata y que únicamente deseaban recibir una contraprestación económica por su explotación; además de apuntar que en el tiempo transcurrido desde que dieron su beneplácito y cuando fueron falsificadas sus firmas no hablaron del asunto con el alcalde.

El director general del Medio Natural, Antonio Lucio, ha explicado que el documento que recibieron era para pedir una autorización provisional para la Vía Ferrata que ya se había empezado a construir, que se concede "si no hay oposición clara de los propietarios de los terrenos", añadiendo que: "nosotros no intervenimos en los términos de los acuerdos".

Además, el contratista de las obras, ha explicado que debido a que "se empezón tarde" y a "problemas" por las condiciones climatológicas, "necesitábamos que nos ampliara el plazo" de entrega de las obras.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, como letrado de la defensa, ha pedido la absolución de su representado y ha planteado la posibilidad de que se considere la alternativa de delito de falsedad en documento por imprudencia (lo que conllevaría una suspensión de mes y medio y multa y no inhabilitación).

Además, ha pedido que se tenga en cuenta la atenuante de colaboración con la investigación y reconocimiento de los hechos.

Según ha enfatizado, no hubo intención de causar perjuicio a la Administración, sino que el "elemento finalista no era otro que conseguir un bien para la comunidad y un interés general que ha quedado demostrado" con los resultados que está cosechando el proyecto de la Vía Ferrata.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular han rechazado que se trate de una "imprudencia", porque "se ha creado un documento ad hoc y se han falsificado tres firmas".

Así, han mantenido su petición de 3 años y medio de cárcel, multa de 3.600 euros y que cumpla inhabilitación durante tres años.

La fiscal ha hecho hincapié en que los presidentes de las juntas vecinales han testificado que "no hubiera firmado el documento hasta no tener bien atadas las condiciones económicas" y ha añadido que "no era necesario" que alguno de ellos denunciara los hechos.