Las víctimas del accidente del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en la curva de A Grandeira, a la altura del barrio compostelano de Angrois, se han concentrado este domingo en la capital gallega para, 3.285 días después, volver a exigir "luz, verdad y justicia".

En la estación que hace nueve años ese tren no llegó a pisar, dio inicio a las once y media la marcha reivindicativa, con pancartas en las que exigían responsabilidades y el recuerdo de las ocho decenas de fallecidos y 140 heridos.

A su llegada al Obradoiro, meta de la protesta, Juan Sierra, que perdió en esa tragedia ferroviaria a su hermano Manuel, ha leído un manifiesto en el que, con la vista puesta en el juicio penal cuyo comienzo está previsto para octubre, los afectados subrayan que "el año que viene tendremos una sentencia, pero no sabemos si justicia".

"Algunas víctimas y familiares han fallecido a lo largo de estos años. Para ellos nunca habrá justicia", ha sido sin duda el mensaje más potente.

Los únicos imputados en la causa son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

Las familias de las que ya no están reclaman, al margen de este proceso, una nueva investigación técnica independiente, la misma exigida por la Unión Europea. 

Critican la «ocultación y demora» de entrega de documentos al juzgado por parte del Ministerio de Fomento y los organismos Renfe y Adif, el cambio de juez en medio de la instrucción a pesar de su petición al Consejo General del Poder Judicial, la «inacción» del primer fiscal del caso o el que la Xunta impusiera peritos sin experiencia que «demoraban y plagiaban otros informes».

El juicio está previsto a partir del 5 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago y hasta junio de 2023 dilucidará responsabilidades penal y civil. Se desarrollará en la Ciudad de la Cultura de Galicia para adaptarse a las necesidades de espacio de un proceso con 195 acusaciones en el que se prevé la declaración de 494 testigos, 193 peritos y 21 testigos-peritos.

En el banquillo se sentarán el maquinista que llevaba el tren, Francisco José Garzón, y el ex director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, que ocupaba el puesto en el momento de puesta en funcionamiento de la línea. La Fiscalía pide que cada uno sea condenado a cuatro años de cárcel como responsables de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 delitos de lesiones y uno de daños. De las responsabilidades civiles deberán responder las aseguradoras de Renfe y Adif.

El fiscal del caso, Mario Piñeiro, sostiene que el maquinista circulaba a 199 kilómetros por hora en un tramo próximo a la curva de A Grandeira cuando atendió una llamada del interventor al teléfono móvil corporativo, habló durante 100 segundos y no se percató de que debía reducir la velocidad, tal y como le indicaban las balizas de la vía y el cuadro de velocidades del tren, hasta los 80 kilómetros por hora. «Omitió la mínima atención de sus deberes profesionales» y sólo activó el sistema de frenado de servicio y el de emergencia cuando estaba muy próximo a la curva, de forma que logró reducir a 179,38 kilómetros por hora la velocidad, pero fue insuficiente para evitar que el tren descarrilara.

De Cortabitarte mantiene que «infringió el deber que ostentaba por su estatus dentro de Adif» y que «el trágico accidente no hubiese sucedido» si «hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente». Sostiene que tenía que garantizar que la línea era segura, pero «no lo era», sino que «era altamente vulnerable» al error humano ante el cambio significativo de velocidad en la curva.

Las víctimas insisten en que aquel 24 de julio «no sólo descarriló el tren», sino la Justicia, el Gobierno, los políticos y las instituciones. Con el tono reivindicativo que les caracteriza, avisan: «No dejaremos de luchar hasta el final para que se haga justicia, se conozca toda la verdad, se asuman responsabilidades y se nos pida perdón por el trato recibido».

Llegan a este aniversario con la espinita clavada de que el Gobierno no investigó a fondo. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) emitió un informe en el que concluyó que la única causa fue el exceso de velocidad del maquinista, pero la Agencia Ferroviaria Europea, a la que recurrieron a través de la eurodiputada del BNG Ana Miranda, recrimina a España que no realizara una investigación independiente ajustada a la normativa europea y en 2016 instó a realizar una nueva.