Pide las actas de las reuniones en las que se decidieron las fosas seleccionadas y los motivos para excluir otras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Galicia, a través del Portal de Transparencia, toda la información que le pueda proporcionar acerca de la decisión, anunciada por el delegado, José Manuel Miñones, de llevar a cabo dos exhumaciones de fosas comunes de personas asesinadas por la represión franquista.

Según recuerda la asociación en un comunicado, la Delegación del Gobierno informó el pasado 2 de julio el proyecto según el cual se exhumarán fosas comunes en el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) y en el lugar de Amenal, en el municipio de O Pino (A Coruña).

"Queremos conocer cuál es el protocolo que se ha utilizado para seleccionar esas fosas y discriminar otras muchas que hay en Galicia. Solicitamos el acta de la reunión en que se tomó esa decisión", señala la petición, en la que también se reclama que se den a conocer los asistentes a ese encuentro, tanto si acudieron como técnicos o como representantes institucionales y políticos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que llevó a cabo la primera exhumación de una fosa en Galicia y que rechaza las subvenciones para llevarlas a cabo porque exige que sea el Estado el que atienda a las familias y garantice sus derechos, quiere conocer el proceso de selección de los casos en los que la Delegación del Gobierno anuncia que se llevarán a cabo actuaciones.

El colectivo, que ha llevado a cabo 19 exhumaciones en suelo gallego, la última de ellas el año pasado cuando se localizaron los restos del guerrillero antifranquista Benigno Fraga Pita, considera que el proceso "ha sido poco transparente y quiere saber si ha respondido a criterios técnicos o de oportunidad política".

DENUNCIA EL MODELO

La ARMH denuncia el modelo por el que el Estado "resuelve las consecuencias de crímenes gravísimos a través de subvenciones que obligan a grupos de familiares a competir para hacerse con los recursos y excluir a otras familias".

Así, su presidente, Emilio Silva, asegura que "es perverso obligar a los familiares a competir entre ellos por recibir una ayuda que está muy lejos de la reparación a la que tienen derechos", y añade: "Nadie entendería que entre un grupo de víctimas del terrorismo el Estado decidiera reparar solo a unas pocas y no a todas, por eso es incomprensible que el Estado haga esta especie de sorteo entre quienes pueden ejercer sus derechos y quiénes no".

Además, concluye que "a un Estado democrático le tiene que doler todos los dolores que causan todas las violencias y los derechos humanos no se subvencionan, se garantizan para todas las personas afectadas y deben ser universales".