El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez Montes, se encuentra en el centro de atención tras haber sido declarado culpable por el Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid por un incidente que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas. Este episodio, que involucra al director de la Radio DISTINTA FM de Cantabria, ha generado un revuelo significativo tanto en el ámbito deportivo como en el mediático.

El proceso legal, que tuvo lugar el pasado 19 de marzo de 2024, ha concluido con la sentencia que determina la responsabilidad de Peláez Montes en un delito leve de amenazas. La magistrada a cargo del caso ha establecido como hechos probados que el 30 de agosto de 2022, aproximadamente a las 19 horas, en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid, Peláez Montes se encontró con Joaquín Rabasco Ferreira, director de la emisora de radio DISTINTA FM de Cantabria.

La relación entre Peláez Montes y Rabasco Ferreira había sido tensa debido a las opiniones expresadas por este último en su papel como director de la emisora. Al parecer, las críticas y comentarios de Rabasco Ferreira sobre Peláez Montes habían generado molestias en el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, lo que condujo a un enfrentamiento directo en el aeropuerto. Según el testimonio recopilado durante el proceso judicial, Peláez Montes se aproximó a Rabasco Ferreira y le dirigió una serie de insultos y amenazas, entre los que se incluyeron expresiones denigrantes y la promesa de violencia física. “Al encontrarse con José Ángel, éste se aproximó al denunciante y empleó las palabras siguientes; “José Paco, hijo de puta, cobarde, ahora tenemos que hablar cara cara ya que no tienes huevos de cogerme el teléfono, te voy a dar dos ostias”, y posteriormente le dijo: “eres un cobarde, al final te voy a tener que dar dos ostias”.

Estas acciones, consideradas como una clara intimidación por parte del presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, fueron determinantes para la condena impuesta por la magistrada. La sentencia establece que Peláez Montes deberá hacer frente a una multa de 45 días con una cuota diaria de 50 euros, lo que suma un total de 2250 euros.

Además, se le ordena indemnizar a Rabasco Ferreira con la cantidad de 300 euros y asumir los costos judiciales derivados del proceso. Este no es el único incidente legal en el que se ha visto involucrado José Ángel Peláez Montes en su rol como presidente de la Federación Cántabra de Fútbol. En otro caso, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Toledo lo condenó, junto con la propia federación, por intromisión ilegítima en el derecho al honor y prestigio profesional de Doña Rosalía Ortega Pradillo. La indemnización impuesta en este caso asciende a 9.000 euros.

LA CONDENA

La condena de Peláez Montes ha generado diversas reacciones en el ámbito deportivo y mediático. Algunos sectores critican duramente su comportamiento, considerando inaceptable que una figura pública y representante del deporte incurra en acciones de este tipo. Por otro lado, existen quienes expresan solidaridad y apoyo hacia Peláez Montes, argumentando que el conflicto pudo haberse malinterpretado o exagerado. Ante esta situación, se espera que la Federación Cántabra de Fútbol tome medidas al respecto y evalúe la continuidad de Peláez Montes en su cargo como presidente.

Además, este caso pone de manifiesto la importancia de mantener un comportamiento ético y respetuoso en cualquier ámbito de la vida pública, especialmente en posiciones de liderazgo y representación. La condena de José Ángel Peláez Montes por amenazas al director de la Radio DISTINTA FM de Cantabria en el aeropuerto de Barajas ha generado repercusiones significativas en el ámbito deportivo y mediático. La sentencia establece su responsabilidad en un delito leve de amenazas, con una multa de 2250 euros y una indemnización de 300 euros a la víctima, además de los costos judiciales. Peláez Montes también ha sido condenado en otro caso por intromisión ilegítima en el derecho al honor y prestigio profesional de otra persona, con una indemnización de 9000 euros.

En la resolución judicial a la que ha tenido acceso ALERTA, el Juzgado de Instrucción Nº 53 de Madrid ha emitido una sentencia condenatoria contra José Ángel Peláez Montes, reconocido como presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, por un delito leve de amenazas ocurrido en el Aeropuerto de Madrid. La decisión, dictada por la Magistrada Dña. M. Concepción Jerez García, sigue generando debate sobre la protección de los derechos individuales en espacios públicos y la responsabilidad de las figuras públicas en el ejercicio de sus funciones.

Los antecedentes de este caso se remontan al 30 de agosto de 2022, cuando Joaquín Rabasco Ferreira, director de una emisora de radio en Cantabria, se encontraba en la terminal T4 del aeropuerto madrileño. En un giro inesperado, Rabasco se topó con José Ángel Peláez Montes, con quien mantenía relaciones tensas debido a las opiniones expresadas por Rabasco en su medio de comunicación respecto a la gestión de Peláez en la Federación. Según los hechos probados en el juicio, Peláez se aproximó a Rabasco y profirió una serie de amenazas verbales, calificándolo de manera despectiva y anunciando una supuesta confrontación física. Estas palabras generaron en Rabasco una crisis de ansiedad, que le tomó cinco días superar. Durante el proceso judicial, ambas partes presentaron sus argumentos. El abogado de Rabasco solicitó la condena del denunciado por un presunto delito de amenazas, mientras que la defensa de Peláez negó las acusaciones, argumentando que no se emplearon expresiones de contenido amenazante durante el encuentro en el aeropuerto. La sentencia, tras evaluar todas las pruebas presentadas, concluyó que los hechos declarados probados constituyen un delito leve de amenazas, en base al artículo 171.7 del Código Penal. Se determinó la responsabilidad de Peláez como autor material y directo de dichas amenazas, considerando la declaración del denunciante y el atestado policial como elementos fundamentales en la decisión judicial.

Multa a Peláez

En términos legales, el artículo 171.7 del Código Penal español establece que la pena por amenazas puede ser de uno a tres meses de multa. La sentencia impuso a Peláez una multa de 45 días, con una cuota diaria de 50 euros, totalizando 2250 euros. Además, se ordenó indemnizar a Rabasco con 300 euros por los daños y perjuicios sufridos, así como asumir los costos del proceso judicial. El Juzgado dejó claro que, en caso de no pagar voluntariamente la multa, Peláez estaría sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria, consistente en un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Esta situación podría cumplirse mediante localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad, según lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

La sentencia también resaltó la importancia de la reparación de los daños y perjuicios causados por el delito, citando los artículos 109, 111.1 y 116.1 del Código Penal, que establecen la obligación de indemnizar a la víctima por los daños derivados del hecho delictivo. El debate en torno a este caso ha trascendido el ámbito jurídico para convertirse en un tema de interés social. Se ha cuestionado la conducta de las figuras públicas y su responsabilidad en el manejo de conflictos, así como la protección de la libertad de expresión y la seguridad en espacios públicos como los aeropuertos. La sentencia, aunque firme en su decisión, ha despertado opiniones encontradas. Algunos sectores de la sociedad respaldan la condena como un acto de justicia y un mensaje claro contra la violencia y las amenazas.

Otros, por su parte, critican la penalización de expresiones verbales y argumentan que podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión. En medio de este debate, la figura de José Ángel Peláez Montes, reconocido en el ámbito deportivo, ha quedado en entredicho. La condena no solo afecta su reputación personal, sino que también plantea interrogantes sobre su idoneidad para liderar una institución deportiva de importancia regional. La posibilidad de recurso de apelación, abierta por la sentencia, ofrece una oportunidad para continuar el debate legal y social en torno a este caso. Mientras tanto, la resolución judicial continúa generando reflexiones sobre el equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la responsabilidad pública en una sociedad democrática y plural. En un contexto marcado por tensiones sociales y políticas, casos como este ponen a prueba la solidez del sistema judicial y la capacidad de la sociedad para abordar conflictos de manera justa y equitativa. La sentencia del Juzgado de Instrucción Nº 53 de Madrid representa un paso en este proceso, pero también plantea desafíos y dilemmas que invitan a una reflexión profunda sobre los valores y principios que sustentan nuestra convivencia democrática.