La sentencia considera a Leonor S.P como autora de un delito continuado de utilización por parte de un funcionario público de información privilegiada, por lo que además de la pena de prisión se le condena a cinco años de inhabilitación para desempeñar un cargo público y a pagar una multa de 18.843.236 euros, el triple de la cuantía estafada.

 Por otra parte, los tres abogados implicados, Julio L.V., Manuel V.J. y Juan Ignacio T.S., han sido condenados a ocho años de cárcel al considerar la sala probados los delitos continuados de estafa y de falsedad en documento público, oficial y mercantil y de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público, por los que también deberán pagar una multa de 12.000 euros cada uno.