Países Bajos endurece su política migratoria y suspende la Ley de Extranjería
El Gobierno de Países Bajos ha comunicado este viernes su decisión de endurecer las políticas migratorias, lo que implica medidas como la declaración de emergencia en materia de asilo y la suspensión temporal de la Ley de Extranjería. Esta acción busca congelar temporalmente las solicitudes de asilo en trámite y proceder con la deportación de personas sin permiso de residencia. El ministro Dick Schoof, quien encabeza el gobierno de coalición, ha respaldado este plan, que surge en un contexto donde la inmigración ha sido uno de los principales temas de debate en la reciente campaña electoral de noviembre de 2023.
Durante las elecciones, el Partido de la Libertad (PVV), liderado por Geert Wilders, fue el más votado y su formación es ahora una pieza clave en la coalición gubernamental. Esta política migratoria endurecida parece alinearse con las propuestas del PVV. La ministra de Asilo y Migración, Marjolein Faber, también miembro del PVV, ha afirmado que "Países Bajos no puede hacer frente a un número tan alto de migrantes", según la agencia Bloomberg. Los datos oficiales indican que alrededor de 40.000 solicitantes de asilo llegan anualmente al país.
Entre las medidas destacadas del nuevo plan, también se contempla un endurecimiento de los requisitos para la reunificación familiar de refugiados. Este proceso ahora estará condicionado a que el solicitante tenga un estatus con al menos dos años de antigüedad y pueda acreditar ingresos "estables y suficientes", según ha informado la cadena NOS.
La ministra Faber ha subrayado que las autoridades perseguirán a aquellos que "abusen de la hospitalidad" del país, y ha dejado claro que el objetivo es que Países Bajos deje de ser visto como un destino "atractivo" para los migrantes.
Además, el gobierno neerlandés ha señalado que solicitará formalmente a la Comisión Europea una exención de la aplicación de la política migratoria común. No obstante, fuentes europeas consultadas por Europa Press han recordado que el marco actual sigue plenamente vigente en Países Bajos, por lo que cualquier exención requeriría la aprobación de las instituciones europeas.