España fracasa en su intento de oficializar el catalán en la UE por falta de apoyos clave
La propuesta del Gobierno de España para que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales de la Unión Europea ha sufrido un importante revés. La votación prevista sobre esta cuestión fue bloqueada por siete países, entre ellos Alemania e Italia, dos de las principales potencias del continente, que se opusieron frontalmente a avanzar sin un estudio más profundo.
Además de estos dos gobiernos, Suecia, Finlandia, Austria, Croacia y la República Checa también expresaron su negativa o reservas, según fuentes diplomáticas citadas desde Bruselas. Incluso Francia, aunque sin oponerse directamente, manifestó dudas sobre la viabilidad legal y financiera de la propuesta.
Los servicios jurídicos del Consejo Europeo han advertido que aprobar la oficialidad de nuevas lenguas regionales requeriría revisar los Tratados de la UE, algo que no puede hacerse de forma ligera ni sin consenso. Aunque el Gobierno español insiste en que este informe no es vinculante, varios Estados miembros han expresado su preocupación por el precedente que supondría.
Tensiones políticas y dudas jurídicas
El rechazo llega en un momento en el que Pedro Sánchez ha intensificado su apuesta por lograr la oficialidad del catalán como moneda de cambio política con Carles Puigdemont y su entorno, de cuyo apoyo depende buena parte de la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo.
Esta estrategia ha generado malestar en diversas capitales europeas, donde se percibe que España está trasladando un conflicto nacional al plano comunitario por motivos de supervivencia política. «Sabíamos que esto no iba a salir adelante. ¿Por qué han presionado tanto?», deslizan diplomáticos europeos. «Esto afecta a la reputación de España y a su capacidad negociadora».
El coste de la propuesta
Otro de los puntos conflictivos es la financiación. La Comisión Europea estima que el coste de incluir las tres lenguas regionales como oficiales rondaría los 132 millones de euros anuales, principalmente en gastos de traducción e interpretación en las instituciones comunitarias. Aunque el Ejecutivo español ha asegurado que asumiría ese gasto, varios países dudan de que esta promesa pueda cumplirse o de que sea justo que el conjunto de los ciudadanos españoles financie un acuerdo que responde a intereses políticos muy concretos.
Además, países como Chipre se muestran especialmente cautos. Temen que sentar este precedente pueda generar presiones internas para incluir otras lenguas minoritarias, como el turco en su caso. Desde el Gobierno español se defiende que la solicitud está específicamente redactada para limitarse al catalán, el gallego y el euskera, pero la desconfianza persiste.
Próximos pasos
A pesar del revés, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que el compromiso es “irrenunciable e irreversible” y ha anunciado que volverá a presentar la cuestión en el Consejo de Asuntos Generales del 24 de junio, coincidiendo con la última semana de la presidencia polaca del Consejo y la cumbre de la OTAN.
El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha insistido en que “no existen obstáculos legales” y que trabajarán desde ya para “proporcionar más información” a los países que han pedido claridad jurídica y presupuestaria. Sin embargo, lo cierto es que varios de ellos consideran que España ha actuado de forma precipitada y sin garantizar antes los apoyos necesarios.