Zapatero, al borde de ser sancionado como cómplice del chavismo

La cercanía política y personal de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro podría costarle algo más que la entrada a Estados Unidos. Fuentes diplomáticas en Washington y expertos en legislación internacional advierten que la Administración estadounidense está considerando aplicar sanciones económicas al expresidente socialista español, en virtud de la Ley Global Magnitsky, una de las herramientas más severas en materia de defensa de los derechos humanos y contra la corrupción global.

Una relación cada vez más insostenible

El deterioro de la situación democrática en Venezuela, sumado a los reiterados viajes y gestos de apoyo de Zapatero hacia Nicolás Maduro, han puesto al exmandatario en el radar del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con diversas fuentes, en el entorno del senador Marco Rubio y del embajador Christopher Landau, se estudia revocar su visa de entrada y aplicar restricciones aún más graves: el congelamiento de bienes y la prohibición de realizar transacciones financieras internacionales.

“Una visa no es un derecho, es un privilegio”, advirtió Rubio esta semana, en una clara alusión a figuras extranjeras con vínculos con dictaduras.

La amenaza de la Ley Global Magnitsky

Promulgada en 2016, la Global Magnitsky Act permite sancionar a cualquier ciudadano extranjero implicado en violaciones de derechos humanos o corrupción significativa, ya sea de forma directa o como cómplice de quienes las ordenan o encubren. Si las evidencias sobre Zapatero fueran suficientes, las consecuencias serían inmediatas:

• Bloqueo de fondos y activos en EE.UU.

• Prohibición de uso de tarjetas Visa, MasterCard y American Express

• Veto a operaciones bancarias en el sistema SWIFT

• Restricción para empresas españolas y europeas que intenten operar con él

Todo ello a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de ejecutar las sanciones económicas estadounidenses.

De defensor del chavismo a sospechoso de connivencia

Zapatero no ha ocultado nunca su cercanía ideológica al régimen chavista. Lejos de limitarse a una supuesta “mediación diplomática”, ha ejercido de observador electoral en procesos denunciados internacionalmente como fraudulentos, ha defendido la legitimidad de Maduro en foros europeos y ha atacado a la oposición democrática venezolana.

En palabras de un alto funcionario de la Casa Blanca:

“El expresidente Zapatero no actúa como mediador. Actúa como un vocero encubierto de Maduro en Europa”.

Según expertos legales, si se demuestra que Zapatero ha actuado como agente de un régimen sancionado o ha tenido participación indirecta en transacciones opacas, podría enfrentarse a medidas similares a las ya impuestas contra otros altos cargos venezolanos.

El silencio del Gobierno español

Desde La Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión. Pero fuentes diplomáticas reconocen que cualquier intento de proteger al expresidente supondría un choque diplomático directo con Washington en un momento de máxima sensibilidad geopolítica.

Mientras tanto, en la oposición, varias voces ya exigen que Zapatero rinda cuentas ante el Congreso. Se plantea incluso la posibilidad de una investigación parlamentaria sobre sus actividades en Venezuela, sus vínculos económicos con el régimen y la utilización de su estatus como exjefe de Estado para influir en la opinión pública internacional.

Impacto internacional

El precedente más cercano es el del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado recientemente por la misma ley, lo que supuso su expulsión del sistema financiero internacional. De aplicarse a Zapatero, el daño reputacional sería irreversible: una especie de “muerte civil” en el mundo occidental.

Ni bancos europeos ni fondos de inversión podrían trabajar con él. Ninguna institución con intereses en Estados Unidos podría mantener vínculos. Y ni siquiera los ciudadanos o empresas españolas podrían eludir esas restricciones sin incurrir en delitos de evasión de sanciones.