Yolanda Díaz acusa a la Policía de hacer identificaciones por perfil racial sin justificación legal

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una reunión. / Diego Radamés

Sumar exige al Ministerio del Interior protocolos contra el racismo y formación obligatoria en derechos humanos

La formación Sumar, liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que acusa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de realizar identificaciones basadas en “perfiles raciales”, sin que medien sospechas razonables de actividad delictiva o infracción administrativa. La denuncia ha generado preocupación en el seno del Gobierno y ha encendido las críticas de asociaciones policiales.

Según el texto registrado en el Congreso, Sumar denuncia que agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil solicitan el DNI únicamente por la raza, etnia, nacionalidad aparente o características físicas de las personas, lo que considera una práctica discriminatoria contraria a los derechos humanos. El grupo parlamentario reclama la creación de protocolos específicos que prohíban estas actuaciones, así como la implantación de cursos obligatorios sobre derechos humanos y no discriminación para todos los efectivos de los cuerpos policiales.

“Actuaciones desproporcionadas hacia minorías étnicas”

En el documento dirigido al Ministerio del Interior, Sumar advierte de que las identificaciones basadas en el perfil racial afectan de forma desproporcionada a personas migrantes, racializadas y miembros de minorías étnicas. Cita como ejemplo la situación en Cataluña, donde, según datos citados por la formación, los Mossos d’Esquadra registraron 270 delitos de odio por motivos étnicos en 2023, y los casos de discriminación por nacionalidad aumentaron un 18,9% respecto a 2022.

“Los colectivos más afectados”, afirman, “son las personas de origen magrebí, subsahariano y la comunidad gitana”, a quienes se atribuye el mayor número de incidencias en controles de documentación sin causa aparente.

Cacheos a “jóvenes de rasgos latinos” en Madrid

Además de los datos generales, Sumar ha denunciado un episodio reciente ocurrido durante la celebración de San Isidro el pasado 9 de mayo en Madrid, donde, según afirma la formación, agentes de la Policía Nacional realizaron cacheos a jóvenes “por su aspecto físico” en un control aleatorio.

Según el relato recogido en el escrito parlamentario, la intervención tuvo lugar hacia las 02:00 horas, cuando los agentes seleccionaron a ciudadanos al azar entre los asistentes a la fiesta. El partido de Díaz asegura que “varios jóvenes que protestaron pacíficamente fueron identificados”, lo que considera una señal de que “la actuación no respondía a un protocolo adecuado y no discriminatorio”.

Por ello, Sumar ha exigido la apertura de una investigación interna, así como la posibilidad de sancionar tanto a los agentes implicados como a sus mandos directos, si se confirmara una vulneración de derechos.

Polémica por el uso del catalán en Baleares

No se trata del único frente abierto entre Sumar y los cuerpos de seguridad. La formación también ha instado recientemente al Gobierno a sancionar a los agentes de la Guardia Civil en Baleares que no atiendan en catalán a los ciudadanos, advirtiendo de que no emplear la lengua cooficial puede considerarse una “infracción muy grave”.

Sumar argumenta que esta actitud podría constituir una “conducta discriminatoria por razón de lengua”, lo que, en caso de reiteración o gravedad, podría acarrear desde la suspensión de empleo por más de tres meses hasta la separación del servicio, conforme a la normativa disciplinaria vigente.

Por el momento, el Ministerio del Interior no ha emitido respuesta pública a las iniciativas de Sumar, aunque fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que “todas las actuaciones policiales deben estar regidas por el principio de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales”.

Las asociaciones profesionales de policías y guardias civiles han rechazado frontalmente las acusaciones, señalando que la labor de los agentes se realiza bajo estrictas instrucciones operativas y que este tipo de denuncias “desprestigian injustamente” el trabajo diario de miles de efectivos.