WhatsApp y Google revelan que el fiscal general eliminó mensajes sobre el novio de Ayuso

La instrucción contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos da un nuevo giro con la confirmación oficial de que los mensajes y correos clave fueron eliminados de forma deliberada. Así lo ratifican los últimos oficios emitidos por las compañías Google y WhatsApp, remitidos al Tribunal Supremo en el marco de una comisión rogatoria internacional solicitada por el magistrado Ángel Hurtado, que dirige la causa bajo secreto de sumario y recogidos por El Debate.

Confirmación oficial: los datos fueron borrados

Según los documentos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y a los que ha tenido acceso El Debate, no se ha podido recuperar ningún mensaje relevante en los dos números de teléfono del fiscal general ni en su cuenta de Gmail, pese a que estos datos eran clave para el esclarecimiento de las filtraciones relacionadas con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, WhatsApp ha confirmado que en el número de abonado terminado en 61... "no se han podido recuperar los mensajes que pudiesen ser de interés", y que para el 67... directamente "no se han recibido datos respecto de la tenencia de cuenta". Esta segunda afirmación es particularmente llamativa, dado que sí se han localizado conversaciones en el móvil clonado de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, coimputada en la causa, en las que aparece García Ortiz como interlocutor.

Un borrado intencionado

La lectura es clara: los mensajes existieron, pero fueron eliminados tras el inicio de las diligencias penales. Tal como refleja un anterior informe de la UCO, “si lo eliminas, indica conocimiento, implicación e intencionalidad”, en referencia directa al comportamiento del fiscal general. El borrado no solo afectó a mensajes de texto, sino también a correos electrónicos, algunos de los cuales sí pudieron ser recuperados a través del análisis de las copias de seguridad de su ordenador profesional.

Entre esos pocos documentos conservados figura un correo recibido desde una dirección oficial con dominio @madrid.org, fechado el 13 de marzo de 2024 a las 23:45, tan solo horas antes de que la Fiscalía publicara la nota de prensa institucional en la que se desvelaban datos confidenciales de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, en relación con la empresa Maxwell Cremona.

La defensa, en entredicho

Este borrado, ya acreditado por la UCO, representa un severo revés para la defensa de García Ortiz, que desde el inicio ha intentado bloquear las diligencias solicitadas por el juez, oponiéndose tanto al registro de su despacho como al acceso a la información conservada en servidores de empresas tecnológicas.

No solo se demuestra que hubo una sustitución de terminales, como reconoció el propio García Ortiz en su comparecencia ante el juez, sino que las copias de seguridad en los servidores de Google y la inexistencia de rastro en WhatsApp revelan una voluntad expresa de impedir el acceso al contenido original. La hipótesis de una destrucción de pruebas cobra así más fuerza en el relato de los hechos.

Próximos pasos: presión sobre el Supremo

Con este escenario, la presión se incrementa sobre el Tribunal Supremo, que deberá valorar si el conjunto de indicios —la existencia previa de mensajes conocidos, su eliminación, la negativa del investigado a colaborar plenamente, y los elementos conservados por terceros— configuran un comportamiento incompatible con el cargo de fiscal general del Estado.

Las próximas semanas serán clave. La UCO deberá emitir informes parciales cada cinco días mientras dure el secreto de sumario, decretado por un mes adicional. Entretanto, la credibilidad de la máxima figura del Ministerio Público sigue erosionándose en una causa que ya ha traspasado los límites judiciales para convertirse en un escándalo político de primera magnitud.