Un juzgado de Madrid investiga al Gobierno de Pedro Sánchez, gracias a una querella presentada por VOX, por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia.

La titular del Juzgado 26 de Madrid tomó declaración este jueves como imputados a tres altos cargos de los Ministerios de Sanidad y Hacienda por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, supuestamente cometidos en el proceso de adjudicación de los contratos de emergencia tramitados por la Administración central en el primer estado de alarma.

La querella fue presentada por VOX en mayo de 2020 y las investigaciones se centran en más de 50 licitaciones concedidas entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 por un valor total de 310 millones de euros.

Así, sostiene que el Real Decreto 7/2020, por el que se adoptaron medidas urgentes para responder al impacto económico del coronavirus, sirvió de cobertura para celebrar una serie de contratos que, según VOX, no se ajustaron a la legalidad.

Los imputados son los responsables de los organismos que centralizaron la mayoría de las compras efectuadas por el Gobierno socialcomunista, los Ministerios de Sanidad y Hacienda, entonces capitaneados por Salvador Illa y María Jesús Montero.

Según informa el mismo medio se trata de tres directores generales: el del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso María Jiménez; la de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado, y la de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz.

Las diligencias del Juzgado número 26 se centran en 56 contratos. La formación de Santiago Abascal defiende que al menos 12 de ellos fueron concedidos a empresas de dudosa existencia, en las que no consta su identidad fiscal, ni si tienen establecimiento físico alguno, en España o fuera. Además, las adjudicaciones no se habrían sometido a la más mínima fiscalización, ni se analizó el régimen fiscal al que debían estar sujetas y, en algunas ocasiones, las empresas carecían de objeto social declarado o este no tenía ninguna relación con el material contratado.

VOX mantiene que el marco de urgencia no justificaba que se realizaran licitaciones arbitrarias sin seguir los más mínimos criterios de seguridad en la contratación del sector público.

En muchas de las licitaciones, destaca también la querella, las empresas no tenían experiencia previa ni de contratación con la Administración y tampoco disponían de la infraestructura necesaria para poder prestar unos servicios como los que se les concedieron.

El Confidencial cita un caso espectacular: el de las batas desechables, donde se compraron lotes con un precio unitario de 0,27 céntimos y otros con un importe de 22,070 euros; es decir, por más de 8.000%. El perjuicio para las arcas públicas pudo ascender a 47 millones de euros.

Durante su comparecencia ante la juez, los tres acusados destacaron las especiales circunstancias de aquella etapa, con un mercado nacional agotado que obligó a recurrir a las compras fuera de España. El escenario internacional condujo de forma inevitable a China, único país con capacidad para vender, argumentaron.