El USB de Leire Díez sacude al PSOE: datos sobre jueces, fiscales y el caso Begoña Gómez

El escándalo en torno a Leire Díez, apodada ya como "la fontanera del PSOE", sigue profundizándose. Según revela THE OBJECTIVE, la exmilitante socialista entregó esta semana en Ferraz un pendrive de 224 GB con 51 carpetas que contienen material explosivo sobre jueces, fiscales, periodistas y casos que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez. El dispositivo fue recibido por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y remitido dos días después a la Fiscalía General del Estado.

Una memoria con nombres clave del poder judicial y político

El contenido del USB incluye referencias e información sobre:

• El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente.

• Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción.

• José Grinda, fiscal que actuó contra Javier Pérez Dolset.

• Audios y documentos sobre la Operación Cataluña, el caso BBVA, Sandro Rosell, y Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont.

• Datos que comprometerían a periodistas y miembros de la Guardia Civil relacionados con Villarejo.

Según fuentes citadas, buena parte de los archivos habrían sido creados por alguien con las iniciales JP, presumiblemente Javier Pérez Dolset, colaborador estrecho de Díez en esta red de recopilación de información.

Del "periodismo de investigación" al archivo de inteligencia paralela

Leire Díez justifica este dispositivo como el resultado de "años de trabajo periodístico", que se centra, según ella, en casos de "malas praxis policiales" y en la defensa de víctimas de todos los partidos políticos. Sin embargo, los documentos han sido descritos por analistas como una suerte de archivo de inteligencia informal, con implicaciones legales potencialmente graves si se confirma que se pretendía interferir en causas judiciales abiertas o desacreditar a los investigadores del caso Koldo y de la UCO.

¿Qué hay en esas carpetas?

Entre los títulos más llamativos destacan:

• "Audios para el fiscal general del Estado"

• "AAA Denuncias Luzón"

• "Causa Miriam Serrano"

• "Relato Cloacas del Estado"

• "Pegasus"

• "Aznalcóllar"

Incluso aparece una grabación de la magistrada Teresa Palacios, jueza de la Audiencia Nacional con un historial de causas de alto impacto, como el Yak-42 o Gescartera.

Ferraz se desmarca, pero acepta y remite el material

El PSOE, oficialmente, se ha desvinculado de las acciones de Díez, y ha afirmado que entregó el pendrive a la Fiscalía "sin abrir". No obstante, la reunión celebrada en Ferraz, con la presencia de Santos Cerdán, Juanfran Serrano e Ion Antolín (director de comunicación del PSOE), evidencia un grado de conocimiento e implicación que podría comprometer políticamente a la dirección del partido.

El objetivo: invalidar causas contra el Gobierno

Según la periodista Patricia López, cercana a Díez, la entrega del USB buscaba inicialmente proteger al presidente del chantaje derivado de grabaciones en saunas presuntamente operadas por Villarejo y su entorno, y filtradas en parte por Javier Pérez Dolset. Pero también se perseguía, añade, "invalidar" las causas judiciales más incómodas para el PSOE.

Uno de los fragmentos más alarmantes de este episodio es el que implica a Rubén Villalba, comandante de la UCO investigado en el caso Koldo. En una conversación grabada, Leire Díez le habría ofrecido protección judicial y un ascenso a cambio de entregar información comprometida sobre miembros clave de la UCO.

El escándalo del USB de Leire Díez no solo plantea dudas sobre la instrumentalización política del sistema judicial, sino que abre una grieta dentro del propio PSOE, en un momento de alta tensión política por las investigaciones que afectan al entorno más cercano del presidente.

La Fiscalía deberá ahora decidir si el contenido del dispositivo supone un intento de obstrucción, chantaje o simplemente es irrelevante. Pero, en cualquier caso, el hecho de que una exmilitante entregue a su partido un archivo sensible con material sobre jueces y fiscales marca un precedente inédito que cuestiona la línea entre la investigación legítima y la guerra sucia política.