Ultimátum del Supremo: El Gobierno tiene 10 días para hacerse cargo de mil menas
El Tribunal Supremo ha emitido un auto en el que da un plazo de 10 días al Gobierno de España para que se haga cargo de 1.000 menores extranjeros no acompañados (menas) que han solicitado protección internacional y actualmente se encuentran hacinados en centros de acogida de Canarias. La decisión responde a una solicitud formal del Gobierno de Canarias, que había reclamado apoyo urgente ante el colapso del sistema de acogida insular.
El Supremo considera que la situación actual de los menores vulnera su derecho al sistema de protección internacional, contemplado en la Ley de Asilo (12/2009) y el Real Decreto 220/2022, que regulan el Sistema Nacional de Acogida. Según el Alto Tribunal:
«El sistema estatal de acogida no ha sido puesto a disposición de estos menores, pese a que es un programa al que tienen pleno derecho».
El Supremo recalca que esta situación es «incompatible con el interés superior del menor» y da al Ejecutivo 10 días para presentar las medidas previstas. Después, el tribunal valorará la posible celebración de una vista pública sobre el caso.
¿De quién es la competencia?
Aunque la tutela legal de los menores recae en las comunidades autónomas, la responsabilidad de atender a quienes han solicitado asilo o protección internacional corresponde al Ministerio de Migraciones, actualmente liderado por Elma Saiz.
Desde el Ministerio se ha respondido con cautela, afirmando que analizarán la resolución judicial en cuanto sea oficial, pero aseguran que ya se está actuando en la línea adecuada con el reciente real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para descongestionar los centros de acogida.
Un acuerdo con Junts que desata tormenta política
El decreto en cuestión fue convalidado la semana pasada tras un acuerdo entre el Gobierno y Junts, que desbloqueó el reparto de 4.400 menores migrantes alojados en Canarias y Ceuta. La medida, sin embargo, ha causado fuerte polémica, ya que incluye un reparto desigual entre comunidades autónomas.
- Cataluña, gracias al pacto con Junts, solo tendrá que acoger 30 menores,
- Mientras que regiones como Madrid recibirán más de 800.
Los gobiernos del PP en Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón y Cantabria han anunciado recursos judiciales contra el reparto, acusando al Ejecutivo de usar criterios partidistas y no técnicos.
Claves del auto del Supremo
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Se trata de menores que han solicitado asilo, no de cualquier mena.
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El Supremo ampara su decisión en el derecho a prestaciones sociales y alojamiento digno.
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La resolución recentraliza una parte de la acogida, en contra del modelo autonómico habitual.
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Marca un precedente judicial relevante sobre el papel del Estado en situaciones de saturación de acogida.
Aplicación a medio plazo
Aunque el decreto ya ha sido publicado en el BOE, el Gobierno admite que su aplicación no será inmediata. Las comunidades dispondrán de un año para adaptar sus plazas de acogida y asumir las cuotas asignadas. Mientras tanto, el Supremo exige una respuesta inmediata del Estado para garantizar la dignidad y derechos de estos menores.