Un nuevo informe de la UCO apunta a Ángel Víctor Torres en la trama de "mordidas" del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prepara un segundo informe en el marco de la presunta trama de corrupción que afecta al PSOE y que ya ha salpicado a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Según adelanta El Debate, los investigadores continúan rastreando comunicaciones clave entre el comisionista Víctor de Aldama y varios responsables del Ejecutivo, incluido Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias.

Este nuevo informe, que se suma al ya conocido como ‘informe Cerdán’, se centra no solo en las irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, sino también en un posible reparto de ‘mordidas’ derivadas de adjudicaciones de obra pública, presuntamente destinadas a financiación ilegal del partido.

El juez investiga el papel de Torres y otros altos cargos

El pasado mes de febrero, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa, ordenó la recuperación de todas las comunicaciones telefónicas relacionadas con De Aldama, Ábalos, Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres. La decisión judicial se produjo tras las declaraciones de De Aldama, quien aseguró haber mantenido conversaciones directas con estos cargos.

En el auto, el juez solicitó que se revisaran los mensajes hallados en los terminales incautados durante el ‘Operativo Delorme’, instruido al inicio del procedimiento y que incluyó varias detenciones. En particular, pidió analizar aquellos mensajes que el empresario pudiera haber intercambiado con Torres o sus subordinados.

Los correos contradicen la versión oficial

Aunque Ángel Víctor Torres negó en sede parlamentaria haber mediado en procesos de contratación —afirmando que los delegaba en técnicos—, la UCO ha aportado a la causa correos electrónicos que cuestionan esa versión. Estos documentos han sido incorporados al sumario y podrían implicar al actual ministro en decisiones clave sobre adjudicaciones durante su etapa como presidente del Gobierno canario.

Además, el comisionista De Aldama habría señalado en su declaración que Koldo García —asesor de Ábalos— pidió a Torres 50.000 euros en ‘B’ como parte del acuerdo para contratar empresas vinculadas a la red. Estas nuevas revelaciones refuerzan la hipótesis de una estructura organizada de cobros ilegales a cambio de contratos públicos.

Sigue la investigación sobre financiación opaca y adjudicaciones irregulares

Según la investigación publicada por El Debate, la trama estaría orientada no solo al enriquecimiento personal de algunos implicados, sino también al uso de estos fondos como posible vía de financiación paralela del PSOE. La gravedad de los hechos ha provocado que la Comisión de Investigación del Congreso mantenga la lupa sobre los contratos firmados por los distintos gobiernos autonómicos socialistas, incluyendo el de Canarias.

Mientras tanto, la UCO sigue avanzando en su labor bajo orden judicial, con especial atención a las conversaciones y pruebas electrónicas que puedan confirmar la implicación directa de miembros del Ejecutivo en esta red de corrupción.