La UCO señala a Torres como pieza clave de la trama de mascarillas: “Estoy encima de tu pago”
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto negro sobre blanco lo que ya se sospechaba desde hace meses: la trama de las mascarillas mantuvo una “relación fluida” y constante con altos cargos del Gobierno, incluyendo al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El informe, remitido al Tribunal Supremo, desmonta por completo la versión oficial del ex presidente canario y sitúa al dirigente socialista en el corazón de las gestiones para liberar pagos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la investigación por corrupción durante la pandemia.
Torres y Koldo, contactos directos y constantes
Entre las pruebas más demoledoras destacan los mensajes interceptados entre Torres y Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos y considerado cerebro logístico de la red. En una de las comunicaciones, Torres promete acelerar el cobro:
“Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite”.
En otra conversación, asume personalmente la interlocución con la administración:
“Tranquilo, que estoy con la responsable de recursos económicos de Sanidad”.
Dos días después insiste:
“Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago”.
Tensión y presiones: la tramitación bajo lupa
Las comunicaciones reflejan también episodios de tensión con funcionarios del Gobierno canario que se resistían a firmar los pagos sin cumplir con los requisitos legales. Una funcionaria, según el informe, advirtió de que el precio del material estaba “fuera de mercado” y pidió “verificar unos mínimos”.
Torres, lejos de frenar, reaccionó presionando:
“Déjame el día de hoy que me voy a cagar”, escribió ante la demora.
Para la UCO, estos intercambios demuestran que Torres no sólo estaba al tanto de las operaciones, sino que participó activamente en su desbloqueo, omitiendo reparos administrativos.
Reuniones, llamadas y adjudicaciones exprés
El informe relata cómo el 15 de julio de 2020, en plena pandemia, se celebró una reunión en Madrid entre Torres, Koldo y Ábalos, supuestamente “para hablar de facturas”. Aunque también estaba convocada Francina Armengol, presidenta del Congreso, no acudió.
Este encuentro se produjo en fechas cercanas al pago de comisiones investigadas, lo que refuerza la tesis de una “interacción continuada” entre la trama y miembros del Gobierno con el fin de perfeccionar las adjudicaciones y agilizar cobros.
12 millones en mascarillas y acceso privilegiado
El Ejecutivo de Torres adjudicó cuatro contratos por vía de emergencia por un total de 12,3 millones de euros a la empresa investigada. El material, según las alertas internas, era de calidad inferior y sobreprecio, y aun así se formalizó el expediente cuando ya se había entregado el producto, eludiendo controles básicos.
A su vez, Canarias contrató con otra empresa vinculada a la red para la compra de pruebas COVID, por un total de 5,36 millones.
La UCO destaca que la red se benefició de acceso privilegiado a la administración, y que la interlocución con altos cargos como Torres fue determinante tanto en la adjudicación como en el pago.
Torres se defiende... pero los hechos lo acorralan
Pese a la contundencia de las pruebas, Torres niega cualquier ilegalidad: “En Canarias se hicieron las cosas de la mejor manera posible”, dijo en sede parlamentaria. Asegura que las demoras fueron administrativas y niega haber influido en los pagos.
Sin embargo, la Guardia Civil concluye que la empresa Soluciones de Gestión obtuvo un trato de favor gracias a la “intervención directa de cargos gubernamentales”, incluido Torres, que jugó un papel clave en la facilitación de fondos públicos a la trama.