La UCO señala al fiscal general: «Todo lo filtrado ya estaba en sus manos»
Los agentes de la Guardia Civil confirman en el Tribunal Supremo que los datos filtrados sobre la pareja de Ayuso estaban ya en poder de García Ortiz antes de ser publicados. La cronología y las pruebas técnicas apuntan a una intervención directa del fiscal general, juzgado por un presunto delito de revelación de secretos.
En una comparecencia considerada clave en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han sido rotundos:
«Todo lo que fue filtrado estaba antes en manos de la Fiscalía General».
Esta afirmación, realizada por los tres guardias civiles autores del atestado, liderados por el teniente coronel Antonio Balas, resulta demoledora. Pese al borrado de información ejecutado por García Ortiz en su teléfono y su cuenta de correo personal, el rastro digital ya es irrefutable, según han sostenido ante los siete magistrados que juzgan al fiscal general.
Una posición comprometida
Sentado en el banquillo, apartado de su toga, García Ortiz ha escuchado cómo los agentes ratificaban la secuencia de hechos que lo sitúan como actor principal en la filtración de datos confidenciales sobre Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La cronología aportada por la UCO sitúa al fiscal general como único responsable con acceso y dominio total sobre el correo electrónico que recogía la confesión de dos delitos fiscales. Correo que fue revelado verbatim por el periodista Miguel Ángel Campos la noche del 13 de marzo de 2024, en el programa Hora 25 de Cadena SER.
El minuto exacto en que se consumó el delito
Un hecho técnico e irrebatible ha sido subrayado por el teniente coronel Balas: Campos leyó en directo fragmentos literales del correo confidencial a las 23:25h, lo que demuestra que tuvo acceso al contenido íntegro y no solo a referencias indirectas.
La investigación policial señala que fue en ese margen temporal, y no antes, cuando la nota institucional de la Fiscalía fue redactada, con participación directa de García Ortiz y de su jefa de comunicación, Mar Hedo. Solo él y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, —quien reenviaba todos los correos al fiscal general—, tenían acceso a ese contenido en ese momento.
De este modo, la «concurrencia temporal» entre la posesión de la información por parte de García Ortiz y su filtración a la prensa, a juicio de los investigadores, solo puede explicarse desde una intervención activa del propio fiscal general del Estado.
Un juicio que envejece mal para la defensa
Durante el proceso, García Ortiz ha centrado su defensa en un relato político, evitando abordar el fondo penal de los hechos. En su intervención final, más alegato que testimonio, deslizó argumentos sobre vendettas internas, conflictos con la fiscal Almudena Lastra, y justificó el uso de su correo personal y el borrado de datos, asegurando que «soy el fiscal general, si mi móvil cae en manos ajenas podría poner en peligro a muchas personas».
Sin embargo, este argumento defensivo ha sido desmontado por la UCO con pruebas documentales y testificales que colocan el foco directamente sobre su dominio material del hecho delictivo.
Un patrón que se repite
Los agentes recordaron también que, pese a la insistencia de ciertos periodistas en asegurar que disponían del correo antes que García Ortiz, ninguno publicó nada. Solo tras la actuación del fiscal general, se produjeron las publicaciones, lo que demuestra que el «círculo de control» se cerró en la cúpula de la Fiscalía General.
En palabras de los guardias civiles: «No había nada en los medios hasta que García Ortiz actuó».
El instructor ya apuntó a la autoría
El juez instructor del Supremo, Ángel Hurtado, ya había dejado constancia en una de sus resoluciones que el artículo 417 del Código Penal, relativo a la revelación de secretos por parte de una autoridad pública, se habría consumado en el momento en que el fiscal general facilitó el contenido confidencial a un medio de comunicación, sin firmarlo él directamente.
Esa maniobra, realizada por vía indirecta, fue ejecutada —según sostiene la acusación— para adelantarse a la eventual publicación institucional de la denuncia y condicionar la percepción pública del caso González Amador.
Un juicio que llega a su fin
Tras seis días de sesiones, testigos clave, agentes de élite y cruces de versiones, la causa ha quedado vista para sentencia, pendiente de las conclusiones de las partes que se formularán este jueves.
Lo cierto es que el relato ofrecido por los investigadores de la UCO en sede judicial revela un patrón de comportamiento incompatible con el deber de neutralidad e integridad que se exige a un fiscal general del Estado.
A partir de este punto, la decisión corresponde a los magistrados del Tribunal Supremo. Pero, en términos procesales, la prueba material, documental y cronológica parece señalar que la autoría de la filtración tuvo su epicentro en el despacho del propio acusado.