La UCO accede a la sede del PSOE, ADIF y el Ministerio de Transportes
Un operativo de alta sensibilidad institucional se activa para recabar pruebas sobre presuntas adjudicaciones irregulares ligadas al entorno de Ábalos, Cerdán y Koldo García
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este viernes un dispositivo coordinado para registrar varias sedes institucionales clave, entre ellas la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, ADIF, la Dirección General de Carreteras y el propio Ministerio de Transportes. El objetivo: recabar evidencias documentales y electrónicas en el marco de la investigación que dirige el magistrado Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' ante el Tribunal Supremo.
El operativo se produce tras la autorización judicial contenida en un auto de gran trascendencia procesal, al que ha tenido acceso The Objective, donde el juez imputa formalmente a Santos Cerdán, ordena clonar sus cuentas de correo electrónico corporativo, y autoriza la investigación de su patrimonio, así como de las cuentas de al menos cinco empresarios implicados en la presunta trama de adjudicaciones fraudulentas.
Cerdán, bajo la lupa judicial
La actuación de este viernes tiene como epicentro la figura del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, considerado por la UCO como una pieza esencial del entramado de concesiones de obra pública a cambio de comisiones. El magistrado le atribuye, en el auto, una función de gestor de las “mordidas” supuestamente percibidas por distintos actores de la trama, incluyéndose él mismo, el exministro José Luis Ábalos, y el exasesor Koldo García.
La fecha de su comparecencia ante el Supremo ha sido fijada para el próximo 30 de julio, tras la solicitud de la defensa de Cerdán —ahora liderada por el abogado Benet Salellas— de disponer de más tiempo para preparar la estrategia jurídica.
Clonación de correos y volcado documental
Uno de los elementos clave de esta jornada ha sido la entrada de agentes en Ferraz con el propósito de clonar la cuenta de correo corporativa de Santos Cerdán, que podría contener comunicaciones vinculadas a decisiones contractuales o intercambios con otros miembros del Ejecutivo. De igual forma, se ha autorizado la recopilación de todos los expedientes de licitación de obras señaladas como irregulares tanto en ADIF como en la Dirección General de Carreteras, abarcando proyectos en San Feliú de Llobregat, Murcia, Monforte, Asturias, Logroño, Sevilla, Úbeda, Teruel y el Camino de Santiago.
En paralelo, los agentes han sido instruidos para investigar bienes inmuebles, productos financieros y cuentas bancarias asociadas a Cerdán y a otros empresarios supuestamente implicados, entre ellos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino, José Ruz y Joseba Antxon Alonso Egurrola.
Contexto político y judicial
La actuación judicial se produce pocos días después de que el propio Ábalos reconociera públicamente la existencia de una trama corrupta en declaraciones a varios medios, desvinculándose parcialmente de su responsabilidad y apuntando directamente a Cerdán y Koldo García como responsables de introducir prácticas corruptas procedentes de Navarra en el Ministerio de Transportes.
El alcance de la investigación ha ido creciendo desde que la UCO incautara hasta 34 dispositivos en el domicilio de Ábalos, incluyendo un USB que su acompañante femenina intentó ocultar durante un registro, y en el que se encontrarían mensajes de alto nivel político, incluso con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Extensión de la investigación
Además de Cerdán, el magistrado Puente ha pedido también a la Audiencia Nacional la imputación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y de Javier Herrero, ex director general de Carreteras, por haber presuntamente “prestado asistencia a la trama”. El instructor sostiene que existe un vínculo directo entre estas figuras y las adjudicaciones bajo sospecha, y exige que se entreguen todos los documentos relacionados en un plazo de 15 días.
El magistrado recuerda que la jurisdicción del Supremo se mantiene sobre esta causa debido al aforamiento parlamentario de José Luis Ábalos, aún diputado, lo que extiende la competencia a todas las personas cuya conducta esté indisolublemente ligada a la del aforado. En este sentido, la figura de Santos Cerdán aparece mencionada como copartícipe operativo, presuntamente encargado de repartir las comisiones obtenidas por la concesión de obras públicas, según refleja el informe de la UCO.
El desarrollo de esta investigación, en plena actividad institucional y con implicaciones transversales en el seno del aparato político del PSOE, podría modificar de manera sustancial el curso del actual ciclo político y abre nuevos frentes procesales que podrían alcanzar incluso a otras administraciones públicas y empresas contratistas. La fase de instrucción continúa.