La UCO ratifica que García Ortiz lideró la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso
La causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha dado este viernes un paso clave: los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autores del informe pericial central en esta investigación, se han ratificado de forma íntegra ante el juez Ángel Hurtado, reforzando su tesis inicial: la filtración partió del interior de la Fiscalía General y, en concreto, bajo la iniciativa directa del propio García Ortiz.
Durante su declaración, los técnicos especializados en análisis tecnológico no solo reafirmaron sus conclusiones sino que defendieron las omisiones parciales del informe –como ciertos fragmentos de conversaciones de WhatsApp– por razones de protección de datos personales (como información médica), sin que esto, recalcaron, afectara a la integridad probatoria ni al hilo narrativo del atestado.
Este informe, según el propio auto judicial, documenta una secuencia temporal crítica entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, en la que se sitúa a García Ortiz como figura central de una cadena de decisiones, correos electrónicos y órdenes internas que acabaron desembocando en la publicación por parte de varios medios de una nota de prensa de la Fiscalía sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que incluía correos confidenciales y datos de una negociación fiscal aún no cerrada.
La Fiscalía como epicentro de la filtración
Los agentes sitúan con precisión la cronología del acceso y difusión de los correos entre el fiscal del caso y la defensa del investigado, en una franja de apenas dos horas el 13 de marzo de 2024. A las 21:59, García Ortiz recibe el correo en cuestión. A las 23:51, ya se había publicado la noticia. En ese lapso, solo un grupo muy reducido de fiscales —entre ellos la jefa provincial Pilar Rodríguez, también imputada— tuvo acceso al contenido completo de la correspondencia.
Según la UCO, el canal de publicación no fue casual: aunque la nota se elaboró desde la Fiscalía General, la difusión se hizo a través de la Fiscalía de Madrid, un detalle que refuerza la hipótesis de una filtración orquestada y estratégica.
Los agentes también apuntan a un hecho significativo: Rodríguez preguntó directamente a García Ortiz a qué dirección enviar los correos confidenciales que había recibido de otro fiscal, y él proporcionó una cuenta de Gmail personal. Esto confirma el uso de vías informales y privadas para gestionar información sujeta a secreto procesal.
El “vacío informático” y la destrucción deliberada
Otro elemento demoledor: el borrado completo del contenido del móvil del fiscal general. Según el informe de la UCO, García Ortiz eliminó intencionadamente los datos y la cuenta de Gmail que utilizó para estos intercambios. Ni Google ni WhatsApp han podido recuperar información relevante. Esta circunstancia, lejos de exonerarlo, ha sido calificada por los investigadores como un indicio de intencionalidad, conocimiento del delito y voluntad de obstruir la investigación.
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, trató de desvirtuar parte de los indicios aduciendo que se excluyeron algunos mensajes que podían aportar contexto. Pero los peritos respondieron que lo omitido no afectaba al fondo del caso, y que las pruebas disponibles bastan para confirmar el circuito de filtración, su impulso jerárquico y su propósito comunicativo.
Tres frentes abiertos en el caso
El juez Ángel Hurtado investiga tres hechos concretos:
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La filtración a medios de la apertura de diligencias por delito fiscal contra González Amador.
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La difusión pública del correo privado del abogado del empresario con la Fiscalía, en el que se planteaba una posible conformidad.
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La emisión de la nota de prensa oficial en la que se daban detalles protegidos por el deber de reserva procesal.
En los tres casos, según los agentes, la mano visible es la del fiscal general.
¿Y ahora qué?
Este informe ratificado deja el sumario en una fase muy avanzada, con una prueba pericial concluyente y sólida que compromete directamente al jefe del Ministerio Público. La defensa de García Ortiz, por su parte, sigue presionando para invalidar el registro de su despacho, aunque la jurisprudencia y el auto de la Sala de Apelación ya han blindado su validez.
El próximo testimonio clave será el del propio Alberto González Amador, citado como testigo el 23 de mayo. Sus respuestas podrían aportar contexto adicional a una causa que, hoy por hoy, se ha convertido en un caso paradigmático de presunta corrupción institucional en la Fiscalía.