La UCO presenta una decena de pruebas contra Santos Cerdán: el Supremo estudia su imputación

El cerco judicial se estrecha sobre uno de los pilares estructurales del PSOE. Según adelanta este sábado el medio Vozpópuli, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha finalizado un informe clave que señala al secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, como partícipe de una red de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, vinculada al denominado caso Koldo.

El documento, ya en manos del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, contiene más de un centenar de folios y una decena de indicios presuntamente incriminatorios contra Cerdán. Entre ellos, figuran supuestos pagos en efectivo, contactos con constructoras adjudicatarias, enlaces patrimoniales no justificados y una implicación directa en decisiones contractuales durante el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Una figura central del partido bajo la lupa judicial

La figura de Santos Cerdán, número tres del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, ha estado bajo sospecha desde hace meses, pero es ahora cuando los indicios se consolidan jurídicamente. Entre los datos que incorpora la UCO al expediente figura una declaración clave: el empresario Víctor de Aldama habría entregado 15.000 euros en un sobre a Cerdán, en una cafetería frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

El informe también alude a la existencia de una presunta red de reparto territorial de contratos en la que Cerdán habría jugado un papel decisivo en Navarra y el País Vasco, especialmente en obras vinculadas al sistema penitenciario. La presunta financiación irregular del partido se perfila, asimismo, como una línea de investigación emergente, cuya veracidad está por ser confirmada.

Un partido expuesto y sin margen de maniobra

Lo que diferencia el caso de Cerdán del de Ábalos no es la gravedad, sino la vigencia de su poder. Mientras el exministro fue cesado en 2021 y apartado orgánicamente, Cerdán sigue ejerciendo como secretario de Organización, con mando pleno en Ferraz y funciones decisivas en la arquitectura del poder interno del PSOE.

Desde Moncloa y Ferraz reina el silencio oficial, pero fuentes internas reconocen en privado un "nerviosismo evidente". “Esto es más serio de lo que pensábamos”, admite un diputado socialista. Las preguntas más inquietantes no son si el informe provocará una imputación formal —que se da por descontada—, sino cómo responderá el PSOE ante un golpe a su cúpula operativa en plena legislatura.

¿Y si se confirma financiación ilegal del PSOE?

La hipótesis más corrosiva, que ya manejan sectores de la oposición y algunos exdirigentes socialistas, es la posible existencia de una red de financiación ilegal estructurada desde el aparato del partido. Una acusación gravísima que, de acreditarse, tendría efectos devastadores sobre la legitimidad del liderazgo de Sánchez y el conjunto de su proyecto político.

A estas horas, según confirma Vozpópuli, el juez Puente valora abrir causa penal contra Cerdán, cuya condición de aforado requiere un procedimiento especial. La resolución, aunque no inmediata, se considera “cuestión de semanas”.

El caso Cerdán ya no es solo un problema judicial. Es un síntoma estructural de lo que ocurre cuando el partido en el poder desdibuja los límites entre lo público y lo privado, entre lo institucional y lo orgánico. El refugio en el silencio, la estrategia de resistencia y el blindaje personalista, podrían servir para ganar tiempo. Pero no para evitar el juicio político que empieza a extenderse en la opinión pública.

Mientras tanto, la UCO ya ha hablado. Ahora le corresponde al Supremo —y al PSOE— decidir si el coste de la lealtad partidaria supera al de la verdad institucional.