Según la UCO, García Ortiz cambió de móvil días después de ser imputado por el Supremo
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso El Debate, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado de teléfono móvil una semana después de ser imputado por el Tribunal Supremo el 16 de octubre de 2024. El fiscal está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con datos personales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El informe detalla que el cambio de terminal se produjo el 23 de octubre, cuando los agentes detectaron la actividad de un nuevo dispositivo vinculado a las tarjetas móviles incautadas durante el registro de su despacho. Este dato apunta a una posible sustitución del móvil apenas días después de su imputación por la Sala Segunda de lo Penal del Supremo.
Contexto de la investigación
La causa contra García Ortiz se inició tras acusaciones de que habría filtrado información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso. El caso llegó al Supremo desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Durante la investigación, la UCO constató que el contenido del teléfono móvil incautado al fiscal general había sido completamente borrado, lo que generó más sospechas.
Respaldo del Gobierno
Pese a las graves acusaciones, el Ejecutivo salió en defensa de García Ortiz. Pedro Sánchez respaldó al fiscal general, calificando su actuación de "correcta" y en línea con su deber. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, justificó las acciones de García Ortiz argumentando que solo había "contado la verdad y desmentido un bulo". Además, cuestionó si en España es posible considerar delito "decir la verdad".
Cinco fiscales implicados
Según las investigaciones previas, publicadas también por El Debate, un total de cinco fiscales estarían involucrados en la presunta filtración de datos personales de la pareja de Díaz Ayuso, lo que añade más implicaciones institucionales al caso.
Este incidente sigue generando un fuerte impacto político y judicial, con implicaciones tanto en la independencia del Ministerio Fiscal como en la relación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.