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La UCO dinamita la coartada del Gobierno y pone a Begoña Gómez a un paso del banquillo

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Isabel Infantes / Archivo

Juristas consideran que la abundancia y frecuencia de los correos son una prueba “definitiva” que desmonta la versión de defensa de la esposa de Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado nuevas pruebas a la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que, según publica The Objective, desmontan la versión de defensa y la tesis del Gobierno de que se trata de un caso de lawfare.

Los investigadores han analizado 121 correos electrónicos enviados entre abril de 2021 y junio de 2024 por Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa. Los mensajes, en su mayoría remitidos en horario laboral, muestran que la asistente participó en adendas, convenios, patrocinios y donaciones relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, que codirigía Gómez.

En esos correos aparecen multinacionales como Google, Deloitte, ONCE o Indra, además de entidades privadas como Mindway, con la que se pactó que el 10% de los beneficios iría directamente a la cátedra. Para la UCO, esta actividad excedía con creces las funciones propias del cargo de Álvarez en Moncloa.

Los juristas lo consideran prueba clave

Expertos en Derecho penal citados por The Objective coinciden en que los emails son “definitivos”. Para la abogada María de la Torre, demuestran que se usaron recursos públicos para fines privados, lo que refuerza la acusación de malversación. Otros penalistas subrayan que el volumen y frecuencia de los correos descartan la tesis de que se tratase de favores puntuales, como defendió Gómez en su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado.

El juez Peinado abrió en marzo una pieza separada por malversación y ya ha propuesto que Gómez y su asesora sean juzgadas por un jurado popular, una fórmula prevista en la Ley del Jurado para estos delitos y que concluye en condena en casi el 90% de los casos.

Críticas del Gobierno

Desde Moncloa se insiste en que la causa es un ejemplo de lawfare. Pedro Sánchez ha acusado al juez de actuar por motivaciones políticas, mientras ministros como Óscar Puente o Fernando Grande-Marlaska han descalificado abiertamente la instrucción. Sin embargo, Peinado se ha querellado contra ambos por sus ataques y ha defendido la solidez de la investigación.

Con este nuevo informe, la UCO acerca a Begoña Gómez al banquillo de los acusados. Para los juristas, la abundancia de pruebas hace inviable el archivo de la causa y complica la defensa de la esposa del presidente, que podría enfrentarse a un juicio en los próximos meses por malversación de fondos públicos.