La UCO detecta irregularidades en la contratación del hermano de Pedro Sánchez por la Diputación de Badajoz
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado irregularidades en la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de la Diputación de Badajoz. Según el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, habría creado en 2016 un puesto específico y urgente para Sánchez Pérez-Castejón, pese a haberse quejado días antes del "exceso de personal" en el área de Cultura.
El informe ya ha sido remitido a la jueza Beatriz Biedma, que investiga la causa tras una denuncia del sindicato Manos Limpias. Las acusaciones incluyen presuntas irregularidades en la creación del puesto y en las condiciones laborales del hermano de Sánchez, así como su supuesta residencia en Portugal para beneficiarse de ventajas fiscales.
Un puesto creado "de manera urgente"
En octubre de 2016, el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz presentó un listado de necesidades económicas para reforzar su actividad. En su respuesta inicial, Gallardo rechazó varias peticiones argumentando el "excesivo personal" en el área.
Sin embargo, seis días después, a petición del departamento de Recursos Humanos, se aprobó la creación de un puesto de alta dirección para la coordinación de los conservatorios pacenses. El informe de la UCO destaca que este puesto "no figuraba en las necesidades inicialmente planteadas" y que fue creado específicamente para David Sánchez Pérez-Castejón, quien adoptó el nombre artístico de David Azagra.
Un proceso cuestionado
El informe subraya que, tras la petición de Recursos Humanos, dos responsables de este departamento redactaron de manera apresurada un listado con funciones que podrían justificarse para el nuevo puesto. Sin embargo, el director del Conservatorio Superior de Música de Badajoz en ese momento, Evaristo Valentí López, expresó que había "otras necesidades imprescindibles" más urgentes que la creación de este cargo.
Este testimonio ha sido clave en la investigación, y la jueza ha citado a declarar a Valentí López como testigo para arrojar luz sobre las circunstancias en las que se diseñó el puesto para David Sánchez.
La denuncia y los correos electrónicos
La causa judicial se inició a raíz de la denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusa al hermano de Pedro Sánchez de:
- Cobrar sin trabajar: El sindicato asegura que Sánchez Pérez-Castejón no cumplía con las funciones asignadas a su puesto.
- Residencia en Portugal: Según la denuncia, Sánchez vive en un palacete en la localidad portuguesa de Elvas, cerca de la frontera con Extremadura, supuestamente para pagar menos impuestos. Aunque un informe de Hacienda descartó que esto suponga un delito fiscal, la cuestión sigue generando controversia.
Para avanzar en la investigación, la jueza autorizó a la UCO a incautar miles de correos electrónicos de las cuentas profesionales de David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros cargos de la Diputación. Entre los correos revisados, destaca el uso por parte de Gallardo de una cuenta vinculada a su cargo como alcalde de Villanueva de la Serena, lo que podría complicar aún más su situación.
Conclusiones preliminares del informe de la UCO
La Guardia Civil apunta que la creación del puesto de coordinador de conservatorios pacenses fue una decisión tomada con la intención de beneficiar a David Sánchez, sin justificar adecuadamente la urgencia ni la necesidad del cargo. El informe añade que la contratación "llama la atención" por:
- La rapidez del proceso: Se llevó a cabo apenas días después de que Gallardo rechazara otras propuestas por razones presupuestarias.
- La ausencia de justificación previa: En la memoria justificativa del Área de Cultura no figuraba la necesidad de este puesto.
- Contradicciones en las prioridades del área: Las funciones asignadas al nuevo cargo no eran consideradas prioritarias por los responsables del conservatorio.
El impacto político y judicial
El caso, que implica directamente al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE extremeño, podría tener repercusiones tanto judiciales como políticas. La investigación no solo cuestiona la legalidad del proceso de contratación, sino que también plantea dudas sobre el uso de recursos públicos para beneficiar a personas vinculadas al entorno del presidente del Gobierno.
A medida que avanza la investigación, se esperan más declaraciones y nuevas evidencias, como las conclusiones finales del análisis de los correos electrónicos.