La UCO destapa un sistema de inflado de contratos públicos bajo el mando de Pardo de Vera

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado la existencia de un sistema estructurado de inflado de contratos públicos durante la gestión de Isabel Pardo de Vera al frente de Adif y posteriormente como secretaria de Estado de Transportes, cargo al que fue promovida por el entorno del exministro José Luis Ábalos. Según publica El Debate, las primeras conclusiones apuntan a que los sobrecostes sistemáticos en las obras públicas habrían servido de instrumento para el pago de comisiones ilegales en el marco de la trama Koldo.

Este lunes, Pardo de Vera comparece como imputada ante la Audiencia Nacional, acusada de cinco delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Una práctica habitual y generalizada

Según los informes entregados al juzgado, y recogidos ahora por El Debate, entre 2020 y 2022 más de la mitad de los contratos de obras adjudicados por Adif fueron modificados al alza tras su adjudicación. De los 21 expedientes analizados, 11 presentaron incrementos presupuestarios, lo que supone un 52,1 % del total, con un sobrecoste global de más de 68 millones de euros. El incremento medio fue del 17,27 %, según las cifras manejadas por los investigadores.

Las justificaciones aportadas en esos modificados eran repetitivas, débiles y, en varios casos, contradictorias, alegando imprevistos técnicos, problemas del terreno o necesidades de coordinación sin respaldo técnico suficiente. En varios expedientes se utilizaron textos prácticamente calcados, lo que hace sospechar de un patrón fraudulento preestablecido.

Casos emblemáticos: Mercat Nou, Siemens y AVE Valencia

Uno de los ejemplos más llamativos es la remodelación del entorno de la estación de Mercat Nou (Barcelona), adjudicada a Rover Infraestructuras SA por 4,9 millones y modificada en 1,5 millones más, un aumento del 30,79 %. En la estación de Arahal (Sevilla), Siemens Mobility SAU vio incrementado su contrato un 18,87 %. Otro modificado relevante fue el de Comsa en las obras del AVE en Valencia, con una subida superior a los dos millones de euros.

En total, 22 empresas se repartieron todos los modificados durante el periodo investigado, lo que para los agentes demuestra una posible connivencia estructurada entre adjudicatarias y responsables públicos.

Manipulación de concursos y expulsión de ofertas más baratas

La investigación también apunta al uso frecuente de la figura de la baja temeraria para excluir a empresas que ofrecían precios más bajos, sin una argumentación técnica sólida que lo justificara. Esta maniobra habría permitido adjudicar contratos a empresas más caras, que luego recibían modificados. Se documentaron al menos seis casos con este patrón.

Además, en los concursos se han detectado valoraciones técnicas opacas, con diferencias mínimas de puntuación y falta de motivación en los informes, lo que sugiere una posible manipulación deliberada para favorecer a licitadores concretos.

Influencia política: el ascenso de Pardo de Vera, una operación estratégica

Según la UCO, el ascenso de Isabel Pardo de Vera a la Secretaría de Estado habría sido promovido por Koldo García y Santos Cerdán —ambos imputados y este último en prisión provisional— para controlar los procesos de adjudicación desde las altas esferas del Ministerio de Transportes.

Uno de los informes incorporados a la causa señala que “todos estos indicios pudieran haber resultado en la motivación del interés mostrado tanto por Santos Cerdán como por Koldo por promocionar a Isabel Pardo de Vera”, con el fin de afianzar su poder sobre la contratación pública.

Adjudicaciones bajo sospecha

La Guardia Civil vincula directamente a Pardo de Vera con al menos cuatro adjudicaciones sospechosas:

• AVE en Extremadura

• Mejoras en la estación de Elche

• Integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)

• Adjudicación de emergencia a Levantina de Ingeniería y Construcción (empresa central en la trama)

Según los investigadores, estas adjudicaciones serían “ejemplos concretos de intercesión política” en favor de determinadas constructoras. Se ha comprobado que muchas empresas presentaban ofertas deliberadamente bajas, confiando en recuperar márgenes mediante modificados preacordados.

Registros y documentación incautada

La Guardia Civil registró los domicilios de Pardo de Vera en La Coruña y Madrid los días 25 y 26 de junio. Entre el material incautado en Santiago de Compostela, los agentes hallaron documentos relacionados con la compra de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa epicentro del caso Koldo. Este hallazgo refuerza la conexión operativa entre contratos ferroviarios y adjudicaciones sanitarias fraudulentas durante la pandemia.

En paralelo, se registró la casa del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, donde se encontraron 4.750 euros en efectivo. Herrero está también bajo investigación por presuntamente favorecer a constructoras a cambio de comisiones personales o en beneficio del entorno de Ábalos.

El futuro judicial de Pardo de Vera

Pardo de Vera, una de las piezas clave en la estructura de Transportes durante el mandato de Ábalos, podría convertirse en pieza clave del caso. Su declaración de hoy ante la Audiencia Nacional se considera decisiva. Si confirma la existencia de un patrón sistemático de modificación fraudulenta de contratos, la exclusión deliberada de ofertas competitivas, y el uso de sobrecostes para el pago de mordidas, el caso podría escalar hasta convertirse en la mayor trama de corrupción en obra pública desde el caso Gürtel.

La investigación sigue abierta, y la Audiencia Nacional mantiene bajo vigilancia a varios ex altos cargos del Ministerio de Transportes. Se espera que en los próximos meses se formalicen nuevas imputaciones, así como peticiones de colaboración internacional para seguir el rastro del dinero.