El TSJC pide al Gobierno el indulto parcial para Laura Borràs y frena su ingreso en prisión
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha solicitado al Gobierno que conceda un indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament y líder de Junts, condenada por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación fraccionada de contratos públicos. La Sala Civil y Penal del TSJC ha acordado suspender cautelarmente su ingreso en prisión a la espera de que el Ejecutivo se pronuncie sobre la medida de gracia.
Se trata de una decisión inusual en un caso de corrupción institucional, aunque no inesperada. Ya en la sentencia de 2023, el propio tribunal dejaba por escrito su incomodidad con la severidad mínima exigida por el Código Penal y dejaba abierta la puerta al indulto. El fallo impuso a Borràs cuatro años, seis meses y un día de prisión, una pena que consideró “desproporcionada” a la vista de los hechos.
La vía del indulto, no de la amnistía
La medida solicitada afecta únicamente a la pena de prisión. Las sanciones de multa y inhabilitación para cargo público, fundamentales para determinar su situación política, permanecen intactas. No se plantea una amnistía —jurídicamente inviable en este caso—, sino una reducción administrativa de la condena, prevista en la Ley del Indulto.
La petición del TSJC se formaliza tras el respaldo explícito de la Fiscalía Superior de Cataluña, que ha avalado la suspensión de la entrada en prisión mientras se resuelve la propuesta. La defensa de Borràs, liderada por el abogado Gonzalo Boye, había solicitado esa suspensión tras la confirmación de la condena por parte del Tribunal Supremo en febrero.
Borràs fue condenada por fragmentar contratos públicos mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, favoreciendo a un colaborador con adjudicaciones directas por valor de más de 300.000 euros. Lo hizo evitando los controles legales de transparencia y concurrencia, según la sentencia, que calificó los hechos como una forma de corrupción pública, aunque sin lucro personal probado.
El precedente político
La suspensión del ingreso en prisión por parte del tribunal que la condenó coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una decisión política de alto coste simbólico. Conceder el indulto a una dirigente independentista condenada por corrupción alimentará las acusaciones de trato de favor en un contexto de negociación permanente con Junts, que sostiene con sus votos la legislatura.
El mensaje es nítido: el tribunal considera excesivo obligar a Borràs a ingresar en prisión por este tipo de delitos, pese a tratarse de un caso de corrupción administrativa con condena firme. El criterio no es nuevo —se ha aplicado en otras condenas sin antecedentes y sin enriquecimiento personal—, pero el perfil político de la condenada y el momento político del país convierten esta decisión en especialmente delicada.
La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo. La concesión del indulto parcial permitiría a Borràs evitar la prisión, pero no le devolvería su elegibilidad política. No hacerlo forzaría su entrada en la cárcel, un escenario que pondría a prueba los equilibrios entre el Gobierno central y los socios independentistas.
Sea cual sea la decisión de Moncloa, el TSJC ya ha dejado claro que considera que la ley penal vigente es demasiado estricta con este tipo de delitos. Pero también ha asumido que la última palabra corresponde al poder político, como en todos los indultos.