tráfico de influencias

El TSJ de Extremadura tumba el aforamiento exprés de Gallardo y devuelve el caso al juzgado de Badajoz

El diputado del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, durante el debate sobre el Estado de la Región de Extremadura. / Jorge Armestar
El intento de blindaje político de Miguel Ángel Gallardo fracasa: el tribunal considera que su acceso exprés al Parlamento autonómico buscaba torpedear el procedimiento que lo investiga junto a David Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ha decidido no asumir la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de una plaza pública vinculada al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al exalcalde de Villanueva de la Serena y actual diputado regional, Miguel Ángel Gallardo, por considerar "fraudulento" el aforamiento del segundo.

Según informa Vozpópuli, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ ha dictado un auto en el que declara su "falta de competencia objetiva" para continuar la instrucción del caso, y ordena la devolución íntegra del procedimiento a la jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción Nº3 de Badajoz, que había abierto diligencias contra una docena de personas.

Un aforamiento cuestionado

El pronunciamiento judicial pone en duda la validez del aforamiento adquirido por Gallardo tras ser elegido diputado autonómico, poco después de que se conociera su procesamiento. Los magistrados concluyen que la secuencia de hechos apunta a un intento deliberado de eludir la jurisdicción ordinaria, al tratar de blindarse mediante su acceso exprés a la Asamblea de Extremadura.

En el texto del auto, los jueces afirman que "no estamos ante una adquisición sobrevenida de la condición de diputado tras la celebración de elecciones", sino ante una "concatenación de actos indicativos de que se busca precipitadamente el aforamiento para eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la Audiencia Provincial".

Origen del caso

La causa se remonta a la creación y adjudicación de una plaza pública en 2017, que habría favorecido presuntamente al hermano del presidente del Gobierno. Tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo están procesados por posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, según las investigaciones que lleva a cabo la juez Biedma.

Este caso ha despertado una notable atención mediática y política al implicar directamente a familiares del jefe del Ejecutivo en una trama local de presunta corrupción vinculada a la Diputación de Badajoz.

La decisión del TSJE, difundida también por El Debate, representa un revés para los intentos de llevar el procedimiento a una instancia superior bajo el paraguas del aforamiento parlamentario, al considerar el tribunal que la maniobra vulnera el espíritu de la ley.