El Tribunal Supremo ratifica la renovación de García Ortiz como fiscal general
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TS adoptó esta decisión con los cinco votos a favor de los magistrados que componen la sección competente. Este fallo se produjo justo un día antes de que García Ortiz compareciera como imputado ante el juez Ángel Hurtado por su presunta implicación en la filtración de datos confidenciales sobre Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Rechazo del recurso contra su renovación
El recurso de la APIF alegaba que García Ortiz no reunía los requisitos de idoneidad para ser fiscal general del Estado. Entre sus críticas se incluían la condena del Supremo a García Ortiz por "desviación de poder" en relación con la designación de su predecesora, Dolores Delgado, y el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2023, que también concluyó que no era adecuado para el cargo. Sin embargo, este dictamen del CGPJ no era vinculante para el Gobierno, y el Ejecutivo renovó a García Ortiz en diciembre de 2023.
El TS, en su resolución, desestimó las críticas y arguments de la APIF, confirmando la legalidad de la renovación de García Ortiz, lo que despeja una de las incertidumbres sobre su futuro profesional.
El desafío judicial de García Ortiz
A pesar de este fallo, García Ortiz no ha zanjado sus problemas judiciales. El fiscal general se enfrenta a su segunda gran cita judicial: mañana, será interrogado por el juez Ángel Hurtado como imputado en una causa penal por la presunta revelación de secretos. Este interrogatorio es un hecho inédito en democracia y podría tener implicaciones significativas para su carrera.
La situación es aún más compleja porque, como fiscal de Sala, García Ortiz está aforado ante el Tribunal Supremo, lo que significa que cualquier procedimiento penal contra él debe ser gestionado por este mismo tribunal.
La defensa de García Ortiz
A lo largo de este proceso, la defensa de García Ortiz ha sostenido que el recurso de la APIF tiene como objetivo "socavar" al Gobierno y obtener "publicidad" a través del litigio. Según su abogado, la impugnación presentada por la asociación se basa en "consideraciones subjetivas" y busca cuestionar el nombramiento para generar una controversia pública, más que centrarse en cuestiones legales objetivas.
Además, en mayo, García Ortiz intentó apartar a cuatro magistrados del Supremo que ya habían dictado la sentencia por la "desviación de poder" en relación con la propuesta de Dolores Delgado como fiscal de Sala. Sin embargo, el TS desestimó esta petición, considerando que había sido presentada fuera del plazo establecido por la ley.
Impacto político y judicial
Este caso es de especial relevancia tanto en el ámbito judicial como político, ya que la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz ha generado controversia debido a las críticas sobre su idoneidad y su papel en la gestión del Ministerio Público. Además, el hecho de que el fiscal general esté imputado por un asunto de filtración de secretos añade más tensión al contexto político y judicial que rodea su figura.
Mientras tanto, García Ortiz sigue siendo un actor clave dentro de la fiscalía y está bajo el escrutinio de diversos sectores, tanto por su gestión del cargo como por las investigaciones judiciales que enfrenta.