El Tribunal Supremo ordena el registro del despacho del Fiscal General del Estado
El Tribunal Supremo ha autorizado a la Guardia Civil a llevar a cabo un registro en el despacho del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como parte de una investigación por un presunto delito de revelación de secretos. La diligencia, autorizada por el juez instructor Ángel Hurtado, implica la intervención en el espacio de trabajo del máximo representante del Ministerio Público en un procedimiento sin precedentes en la historia democrática del país, según ha informado El Debate en exclusiva.
En la mañana de este miércoles, una unidad de la Guardia Civil se presentó en la sede de la Fiscalía General del Estado para incautar dispositivos electrónicos de García Ortiz. La medida responde a una serie de pesquisas judiciales cuyo contenido permanece bajo secreto de sumario, en el marco de una causa en la que se investiga el acceso y difusión no autorizada de información personal relacionada con Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El juez Hurtado, en su calidad de magistrado instructor asignado por el Alto Tribunal, ha ordenado la incautación de los dispositivos electrónicos del Fiscal General, a fin de investigar posibles violaciones de la seguridad de la información dentro de la Fiscalía. De acuerdo con los detalles de la causa, Álvaro García Ortiz habría solicitado a sus subordinados que enviasen correos electrónicos confidenciales a una dirección personal de Gmail, alejándose de los protocolos de seguridad y controles aplicados a cuentas oficiales del Estado.
El caso cobró especial relevancia cuando los abogados de González Amador solicitaron a Google España la información de todas las comunicaciones realizadas entre el 5 y el 18 de marzo de 2024 a través de la cuenta de correo personal del Fiscal General, señalando que contenían, entre otras, una comunicación con el siguiente contenido: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)”.
Para salvaguardar el desarrollo de la investigación, el juez Hurtado ha dictaminado el secreto de las actuaciones en esta causa, la cual podría establecer un precedente en España, donde nunca antes se había imputado a un Fiscal General por un presunto delito derivado directamente de su función institucional. Este proceso busca determinar si, antes de la divulgación oficial por parte de la Fiscalía de Madrid de datos relacionados con González Amador, se produjeron filtraciones que vulnerasen el deber de custodia, afectando la seguridad de los pactos de conformidad en los que participan los miembros del Ministerio Público.