Trece fiscales del Supremo rechazan declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco
El asesinato de Miguel Ángel Blanco sigue generando un profundo debate jurídico dentro del Ministerio Fiscal. Trece de los dieciséis fiscales de una de las dos secciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo han respaldado este martes un informe que rechaza la prescripción del caso, en contra de la maniobra impulsada por la cúpula de la Fiscalía General del Estado para darlo por cerrado.
El documento, de más de 70 páginas y con ponencia del fiscal Álvaro Redondo, argumenta que la prescripción del caso quedó interrumpida y que el procedimiento debe continuar para determinar las responsabilidades penales de los autores intelectuales del crimen. La postura mayoritaria choca frontalmente con la línea defendida hasta ahora por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, alineada con el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Prescripción o continuidad: una batalla dentro de la Fiscalía
El debate en el Ministerio Público ha sido intenso. La mayoría de los fiscales del Supremo defienden que la causa debe seguir abierta porque persisten diligencias pendientes que podrían llevar a la imputación de los líderes de ETA que ordenaron el secuestro y asesinato de Blanco en 1997.
Sin embargo, el fiscal jefe de la sección, Fernando Prieto, nombrado por García Ortiz, ha maniobrado para que el caso se cierre, alegando que ha transcurrido el tiempo legal para investigar. Esta postura ha provocado un fuerte enfrentamiento dentro de la Fiscalía del Supremo, ya que choca con el criterio de la mayoría de sus integrantes, encabezados por Fidel Cadena, el otro jefe de la sección.
La situación se ha tensado aún más porque el desempate en este conflicto interno recaerá en la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos del escalafón y próxima a García Ortiz, lo que ha generado sospechas de politización en la resolución del caso.
El papel de García Ortiz y las acusaciones de injerencia
La decisión de cerrar el caso favorecería la estrategia del fiscal general, que ha sido acusado de intentar controlar la Fiscalía para alinear sus decisiones con el Gobierno. La postura de Álvaro García Ortiz, actualmente imputado por revelación de secretos, ha sido duramente criticada por sectores internos del Ministerio Público, que le acusan de priorizar intereses políticos sobre la defensa de las víctimas del terrorismo.
La polémica sobre la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco no es nueva. Ya en 2022, el fiscal Vicente González Mota fue expulsado de la causa por negarse a cerrar el caso cuando el entonces recién nombrado García Ortiz le ordenó cambiar su posición. Su destitución generó un escándalo interno, y ahora su postura ha sido respaldada por trece fiscales del Supremo.
Las víctimas del terrorismo recurren al Supremo
Las asociaciones de víctimas del terrorismo han recurrido la decisión de la Audiencia Nacional, que el pasado 4 de octubre archivó la causa. La clave del caso está en determinar si la prescripción se interrumpió con la localización de nuevos documentos en los "papeles de ETA" incautados por la Guardia Civil en Francia.
La mayoría de fiscales del Supremo consideran que la reapertura del caso está justificada y que debe ser el tribunal que juzgó el crimen quien decida sobre la prescripción, y no la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que dio por cerrado el caso.
¿Qué pasará ahora?
El futuro de la causa queda en manos de la teniente fiscal Sánchez Conde, quien deberá decidir si se impone el criterio mayoritario de la Fiscalía del Supremo o la posición defendida por el fiscal general García Ortiz.
La batalla judicial sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco no ha hecho más que intensificarse y promete seguir generando controversia en el ámbito jurídico y político. Mientras, las víctimas del terrorismo siguen reclamando que la justicia llegue hasta los responsables últimos del crimen que marcó a España en 1997.