¿Trato de favor en los rescates? Las preguntas incómodas que Sánchez deberá responder
El Gobierno de Pedro Sánchez deberá rendir cuentas en el Congreso de los Diputados por la gestión de los rescates concedidos por la SEPI durante la pandemia, que alcanzaron un total de 2.700 millones de euros. El Grupo Popular ha registrado una amplia batería de preguntas parlamentarias, que deberán ser respondidas por escrito, para esclarecer cómo se gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas entre los años 2020 y 2022.
Las preguntas, a las que ha tenido acceso The Objective, ponen el foco en el papel desempeñado por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, vinculado a una presunta trama de cobro irregular de comisiones. Aunque fue apartado formalmente del cargo en 2019, los populares subrayan que se mantuvo durante 18 meses como presidente en la sombra, coincidiendo con la tramitación de algunos de los rescates más controvertidos.
Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera, bajo la lupa
El Partido Popular solicita información detallada sobre los rescates concedidos a Air Europa (475 millones de euros), Duro Felguera (120 millones), Plus Ultra (53 millones) y Ávoris (320 millones). Todas estas operaciones fueron aprobadas con cargo al fondo gestionado por la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.
Los populares exigen conocer la justificación concreta por la que estas empresas cumplían los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 25/2020, así como el importe, la modalidad de ayuda, las condiciones y los plazos concedidos en cada caso. También reclaman el listado completo de empresas beneficiarias y la identidad de los miembros del Consejo Gestor que aprobaron cada operación.
Votaciones internas y ausencia de criterios objetivos
Entre las cuestiones planteadas figura si existieron votos en contra, abstenciones u otras incidencias en las votaciones del Consejo Gestor, así como qué miembros asistieron o se ausentaron en cada reunión decisiva. El PP también pregunta por las empresas externas contratadas para apoyar la gestión del fondo, los servicios prestados y los importes finalmente facturados.
Estas preguntas se apoyan en el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, que reveló que la SEPI gastó 23,3 millones de euros en la gestión administrativa del fondo, sin aplicar un criterio objetivo ni un procedimiento fundamentado en datos para justificar dichos costes.
Representantes del Estado y expedientes administrativos
Otra línea de investigación parlamentaria se centra en los casos en los que el Estado entró en el capital social de empresas rescatadas. El PP reclama los nombres de las personas que representaron al Estado en los consejos de administración u órganos de gobierno de esas compañías.
Además, solicita al Ministerio de Hacienda los expedientes administrativos completos de todas las solicitudes que llegaron al Consejo de Ministros, así como la documentación correspondiente hasta la salida de los responsables del Consejo Rector.
Presión política en un mes sin actividad parlamentaria
La ofensiva parlamentaria del PP llega en un mes de escasa actividad en el Congreso, limitado prácticamente a la comisión sobre la dana, mientras la UCO de la Guardia Civil mantiene abiertas investigaciones sobre la gestión de la SEPI y su posible conexión con tramas de corrupción vinculadas al PSOE.
Con esta iniciativa, los populares buscan forzar al Ejecutivo a detallar con precisión cómo se gestionaron miles de millones de dinero público en uno de los momentos más críticos de la pandemia, y esclarecer si existieron irregularidades, trato de favor o falta de control en los rescates empresariales.