Transparencia obliga a Bolaños a revelar el nombre y sueldo de sus asesores más influyentes
En un contexto político marcado por acusaciones de corrupción, investigaciones judiciales y pérdida de legitimidad institucional, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido una resolución que obliga al Ministerio de la Presidencia, liderado por Félix Bolaños, a revelar la identidad, número y retribución de sus asesores de alto nivel, una información hasta ahora mantenida bajo una estricta reserva.
La resolución del CTBG y el marco legal
La resolución 2025-0762, fechada el 20 de junio, exige al ministerio proporcionar el nombre de los asesores contratados con nivel superior a 28 desde 2018 hasta la fecha, así como sus retribuciones anuales brutas desde el inicio de su contratación. El CTBG justifica su decisión en el interés público, apelando al principio de transparencia de la administración pública.
Este pronunciamiento revierte una negativa previa del propio ministerio, formalizada en un documento firmado el 23 de mayo por Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario del área. En ella, el Ministerio evitaba proporcionar la información, limitándose a remitir a un enlace genérico de la relación de puestos de trabajo (RPT), documento que no refleja ni los nombres ni las condiciones salariales de quienes ya no ejercen el cargo.
Una cohorte de asesores bajo la lupa
Pese a la resistencia gubernamental, los datos parciales permiten delinear la magnitud del equipo asesor: al menos 81 asesores adscritos directamente al Ministerio de Presidencia, 10 a Casa Real y 138 a la propia Presidencia del Gobierno, sumando 229 cargos eventuales, conocidos como "vocales asesores". Sin embargo, el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública) arroja una cifra significativamente más alta: 948 asesores en total, 477 vinculados directamente a Presidencia, lo que sugiere una diferencia sustancial entre la información oficial publicada y la cifra real.
Este desfase evidencia una falta de coherencia en la rendición de cuentas, especialmente en lo relativo al uso de fondos públicos para contrataciones de confianza. Como establece el propio boletín, los asesores eventuales son cargos no permanentes, designados discrecionalmente, y remunerados con recursos presupuestarios destinados a funciones de asesoramiento político.
El caso Cristina Álvarez y la obstrucción informativa
Uno de los focos más sensibles del caso es la figura de Cristina Álvarez, asesora personal de Begoña Gómez, imputada judicialmente en causas relacionadas con el caso Koldo y otros expedientes vinculados a contratación pública. Según el expediente judicial, su nombramiento, salario y funciones permanecen sin ser desvelados por Moncloa, que alega que la información está sujeta a un procedimiento penal abierto (Diligencias previas 1146/2024, Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid).
No obstante, esta justificación ha sido rechazada por el CTBG, que ya en una resolución anterior (0002/2025, del 3 de enero) exigió al Gobierno que facilitara los detalles retributivos, las funciones específicas, la justificación del nombramiento y copia de la resolución que formaliza su contratación. La negativa ha llevado a una denuncia formal ante Presidencia, donde se alega una posible infracción penal por desobediencia, e incluso prevaricación administrativa.
Un patrón de resistencia institucional
Más allá del caso de Cristina Álvarez, lo que se configura es un patrón sostenido de opacidad institucional en torno al organigrama de asesoramiento que rodea al presidente del Gobierno. Según fuentes citadas por El Debate, la directora jurídica de Moncloa, Beatriz Rodríguez Pérez, se habría negado reiteradamente a cumplir las resoluciones del Consejo de Transparencia, lo que ha generado reiteradas denuncias ante el organismo, instando incluso al inicio de procedimientos sancionadores por vulneración de la ley de transparencia.
En este contexto, la figura de Félix Bolaños —ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática— aparece como pieza clave en el engranaje gubernamental, por su rol como coordinador de las estructuras de poder en La Moncloa y por su responsabilidad directa en el nombramiento de asesores.
La resolución del CTBG no solo plantea una exigencia administrativa. Supone también un desafío estructural a la arquitectura de poder informal que se ha ido tejiendo en torno a la Presidencia del Gobierno. Los asesores, normalmente invisibles al escrutinio público, ejercen una influencia decisiva en la elaboración y gestión de políticas, sin estar sujetos a los mismos estándares de transparencia que los cargos electos o los funcionarios de carrera.
En un momento en que la presión judicial, mediática y política se acumula sobre Moncloa por los casos que afectan al entorno del presidente, la exigencia de claridad sobre quién asesora, con qué autoridad y a qué coste, se convierte en un test de credibilidad institucional para el Ejecutivo.