La trama Koldo se internacionaliza: la UCO investiga desvíos de fondos en otros cuatro países
El rastreo financiero abarca más de 35 entidades bancarias en tres continentes para seguir el destino del dinero público desviado mediante contratos irregulares
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado el alcance internacional de la investigación sobre la trama Koldo, el entramado de corrupción que afecta a antiguos dirigentes del PSOE, a cuatro nuevos países clave: Armenia, Senegal, Túnez y República Dominicana. Según ha podido confirmar The Objective a través de fuentes judiciales, el objetivo es determinar el paradero de los fondos públicos desviados durante los años de mayor actividad de la red, especialmente durante la crisis del COVID-19.
La investigación, dirigida por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, apunta directamente a figuras de alto perfil como Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE —actualmente en prisión provisional—, y José Luis Ábalos, exministro de Transportes. La red operativa incluía también a su exasesor y hombre de confianza, Koldo García, considerado una pieza central del dispositivo logístico y financiero de la trama.
Un mapa financiero global
La UCO se enfrenta a una tarea titánica: rastrear más de 479 cuentas bancarias en 35 entidades financieras, muchas de ellas con ramificaciones en Europa, América y África. Entre los bancos implicados figuran grandes nombres del sistema financiero internacional como BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Commerzbank, ING, Intesa Sanpaolo, HSBC, JP Morgan, Banco do Brasil y Pichincha. También aparece Bank of Africa, con sede en Marruecos y vínculos estrechos con el entorno del rey Mohamed VI.
Este mapa bancario revela la sofisticación y alcance transnacional de la red. El objetivo de la UCO es seguir la pista del dinero desde enero de 2014 hasta la actualidad, una década en la que se habrían realizado innumerables transferencias encubiertas bajo apariencia legal.
Armenia y Senegal: ingeniería, contratos y empresas pantalla
La investigación ha identificado Armenia como uno de los focos de interés clave. Allí operaba Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad del empresario Pepe Ruz, principal adjudicatario del Ministerio de Transportes en los años de Ábalos. Según fuentes del caso, Ruz habría canalizado parte de los fondos desviados mediante empresas pantalla radicadas en el país caucásico. En 2022, LIC obtuvo un contrato de 65 millones de euros en colaboración con la empresa OPR, dirigida por los hermanos Fernández Menéndez, cuñados de Fernando Merino, directivo de Acciona y viejo conocido de Cerdán en Navarra.
En Senegal, LIC también mantiene presencia mediante una filial opaca en Dakar, que podría haber servido como vehículo de blanqueo. Las estructuras corporativas utilizadas, apuntan fuentes próximas a la causa, se diseñaron para ocultar el origen del dinero público y dificultar su trazabilidad, recurriendo a jurisdicciones de baja transparencia fiscal.
Túnez: transferencias sospechosas y sociedades instrumentales
Aunque aún no se ha determinado con precisión el papel de Túnez, los investigadores están examinando transferencias financieras con destino a este país y su posible conexión con sociedades interpuestas vinculadas a la red. La sospecha es que la trama utilizó este país del norte de África como plataforma intermedia para mover fondos hacia terceros países sin dejar rastro claro en los sistemas de control europeos.
República Dominicana: 14 empresas y vuelos del Falcon
El país donde la investigación ha avanzado con mayor profundidad es República Dominicana, donde, entre marzo de 2021 y agosto de 2022, se constituyeron al menos 14 sociedades relacionadas con el sector sanitario, farmacéutico, inmobiliario y de la construcción. La mayoría de estas empresas figuran a nombre de testaferros, y según las pesquisas, habrían sido creadas para canalizar las comisiones cobradas durante la pandemia por adjudicaciones públicas de emergencia, especialmente contratos de compra de mascarillas y pruebas médicas.
Según la declaración judicial de Víctor de Aldama, empresario vinculado a la trama, República Dominicana fue el destino final del dinero ilícito. Aldama ha acusado directamente a Ábalos de ser el principal beneficiario de las mordidas, y ha asegurado que el exministro oculta en ese país una fortuna opaca. De hecho, los registros oficiales revelan que aviones Falcon del Gobierno realizaron 118 escalas en República Dominicana entre 2021 y 2024, lo que ha suscitado un fuerte interés por parte de la UCO.
Dos testigos clave, Aranzazu Granell y Javier Serrano, confirmaron ante el Tribunal Supremo haber entregado 20.000 euros en efectivo al hermano de Koldo García, Joseba García, durante dos viajes a Dominicana en 2021. Estas entregas refuerzan la tesis de que existía una red estructurada para mover dinero en metálico fuera del sistema bancario, lo que evitaría controles y registros documentales.
Una red con planificación política y financiera
Los investigadores creen que la trama Koldo no fue un conjunto de operaciones aisladas, sino un esquema planificado con ramificaciones en la política, la administración y el tejido empresarial, diseñado para captar contratos públicos, inflar precios, cobrar comisiones y sacar el dinero fuera de España a través de entramados societarios en terceros países.
El avance internacional de la causa pone de relieve el grado de sofisticación y la ambición transnacional de la red, así como su conexión con altos cargos del poder político durante la pandemia. La UCO y los jueces instructores ya trabajan en solicitudes de cooperación judicial con los países implicados, así como en nuevas órdenes de investigación internacional que podrían derivar en nuevas detenciones o imputaciones.