Torres, salpicado por la trama Koldo y una cita secreta con Delcy Rodríguez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado una serie de conversaciones internas de la trama Koldo que señalan al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como una figura clave en la planificación de una reunión secreta con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, según publica El Debate.

Según fuentes policiales citadas por El Debate, las comunicaciones interceptadas muestran que el entonces presidente del Gobierno de Canarias manifestó un “interés desmedido” en conocer todos los detalles de aquel encuentro, previsto para el 21 de enero de 2020 en un chalet del madrileño barrio de Conde Orgaz, pocas horas después del incidente de Barajas, cuando Rodríguez fue interceptada pese a las sanciones europeas que le prohibían entrar en territorio comunitario.

Una operación para construir una refinería en Canarias

Las pesquisas de la UCO concluyen que la reunión no era de carácter protocolario, sino que formaba parte de un plan más amplio para impulsar la creación de una refinería de petróleo en Canarias, con capital venezolano y participación de empresarios afines al Partido Socialista.

El proyecto, descrito en documentos internos incautados por la Guardia Civil, contemplaba la instalación de una planta de procesamiento de crudo en Tenerife, con capacidad para refinar petróleo venezolano y redistribuirlo hacia África y Europa. De haberse materializado, habría convertido al archipiélago en un nodo estratégico para el régimen de Nicolás Maduro, sancionado por la Unión Europea y por Estados Unidos.

Los investigadores califican la iniciativa como “un negocio de dimensiones colosales”, con beneficios estimados en varios cientos de millones de euros. En un borrador del proyecto, al que ha tenido acceso El Debate, se detallan las fases de financiación, la proyección de rentabilidad y el reparto de beneficios entre los intermediarios de la trama.

Torres, Ábalos y la red socialista

Las conversaciones analizadas indican que Torres dio “indicaciones expresas” para conocer “todos los datos posibles” sobre los preparativos del encuentro. Para la Guardia Civil, ese nivel de implicación «no se corresponde con la distancia institucional» que el ministro mantiene en su versión oficial.

El propio José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, estaba plenamente informado de la cita, y en la misma participaban otros actores con relevancia en la estructura socialista. Entre ellos, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero, que según los investigadores habría actuado como intermediario político y técnico en la operación.

Fernández Guerrero, imputado en el caso Aznalcóllar, fue señalado por su papel en la adjudicación irregular de una explotación minera en Andalucía, uno de los mayores escándalos de corrupción medioambiental en España. Tras su salida del sector público, se incorporó a la constructora Servinabar, cuyo 45 % del capital estaba en manos de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y actualmente en prisión preventiva por su implicación en la trama Koldo.

Una red político-empresarial con proyección internacional

Según las pruebas recogidas por la UCO, a la reunión también estaba convocado un intermediario internacional especializado en operaciones petrolíferas, encargado de presentar el plan financiero y coordinar las comisiones a través de sociedades pantalla registradas fuera de España.

El esquema de pagos, detallado en la documentación intervenida, reproduce el modelo de opacidad empleado por la red Koldo en otros contratos públicos durante la pandemia, con transferencias trianguladas, adjudicaciones sin concurrencia y uso de intermediarios próximos al PSOE para canalizar fondos.

El informe definitivo de la Guardia Civil —ya concluido y pendiente de entrega al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente— incluirá un apartado específico sobre las actuaciones de la Presidencia del Gobierno de Canarias durante el mandato de Torres.

Los contratos a Soluciones de Gestión bajo sospecha

El documento analiza las adjudicaciones que el Ejecutivo canario concedió a Soluciones de Gestión, empresa considerada el epicentro de la red, por un valor total de 12 millones de euros durante los primeros meses de la pandemia.

Estas contrataciones, realizadas sin licitación pública y en plazos anómalamente breves, constituyen para la Guardia Civil un ejemplo de cómo la trama utilizó administraciones controladas por el PSOE para garantizar ingresos estables mediante contratos públicos.

«Los hechos apuntan a un modelo de financiación irregular en el que las instituciones servían como vehículos de rentabilidad para empresas asociadas a la red», señala una fuente próxima a la investigación.

El contexto político: de Canarias a Moncloa

La posición de Torres —uno de los ministros más cercanos al presidente Sánchez y miembro del núcleo político del PSOE— añade una dimensión especialmente delicada al caso. Su papel en la fase de adjudicación de contratos y su presunto interés en proyectos petrolíferos vinculados al chavismo podrían situarlo en el punto de mira de la Fiscalía Europea y de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas.

El episodio coincide además con el deterioro político del Gobierno tras la imputación de Begoña Gómez y el encarcelamiento de Santos Cerdán, lo que refuerza la impresión en los círculos judiciales de que el caso Koldo ha evolucionado hacia una investigación de corrupción sistémica en el entorno socialista.

En palabras de un alto funcionario del Instituto Armado, «la refinería de Canarias no era un proyecto industrial, sino una operación político-financiera de alto nivel».