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Tormenta en Moncloa: el informe que puede derribar a Sánchez

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar. / EP

El Supremo investiga si el exnúmero tres del PSOE se enriqueció con mordidas y pagos en B mientras ocupaba cargos clave en Ferraz y el Gobierno

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregará en las próximas semanas al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un informe patrimonial exhaustivo sobre Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama del caso Koldo, según publica OkDiario.

Fuentes próximas a la investigación aseguran que el documento «saldrá de todo». Los agentes han trabajado durante meses en la reconstrucción de los ingresos, gastos, propiedades y vínculos financieros del número tres del Partido Socialista, a quien el magistrado considera pieza central del entramado de mordidas y adjudicaciones públicas durante la pandemia.

El propio juez, en un auto reciente, justificó la prórroga de la prisión provisional alegando que «faltaban pruebas relevantes» y que «se trabajaba intensamente en obtenerlas». El informe de la UCO forma parte de esas pruebas esenciales y podría determinar si el exdirigente socialista se enriqueció de manera ilícita mientras ocupaba cargos orgánicos y públicos

Rastreo bancario y cobros del PSOE

Según fuentes de la investigación, la UCO ha analizado los últimos movimientos bancarios y productos financieros en los que Cerdán figura como titular, autorizado o representante. El objetivo es determinar si su patrimonio se ha incrementado sin justificación y si existe un flujo de ingresos vinculado a la red de empresarios beneficiados por contratos públicos.

Los agentes también han examinado los pagos recibidos del PSOE mientras Cerdán desempeñaba el cargo de secretario de Organización, así como sus retribuciones como diputado nacional. Todo ello con el fin de comparar su nivel de ingresos declarado con la evolución de su patrimonio real.

Cerdán reconoció en su declaración de bienes del Congreso que poseía una vivienda en su localidad natal, Milagro (Navarra), y que residía en alquiler en Madrid. Sin embargo, la Guardia Civil ha detectado que algunos de estos alquileres fueron financiados por empresarios relacionados con la trama, extremo que el exdirigente socialista no había comunicado ni al Parlamento ni al partido.

Registros y correos electrónicos en Ferraz

La investigación patrimonial fue encargada por el juez antes del verano, tras la detención de Cerdán y del exministro José Luis Ábalos. En el marco de estas pesquisas, los agentes registraron varias empresas vinculadas al entramado económico y accedieron a la sede del PSOE en la calle Ferraz para clonar el correo electrónico corporativo de Cerdán, en busca de comunicaciones internas que pudieran evidenciar coordinación en las adjudicaciones investigadas.

Según las fuentes consultadas, los agentes obtuvieron miles de mensajes y documentos de interés, entre ellos intercambios con cargos orgánicos y miembros del Gobierno durante los meses más críticos de la pandemia, cuando se cerraron contratos millonarios de material sanitario.

El foco sobre Ángel Víctor Torres y las mascarillas canarias

El juez Puente también espera en los próximos días otro informe de la UCO relativo a los contratos de mascarillas en Canarias, firmados cuando el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presidía el Gobierno autonómico.

De acuerdo con fuentes judiciales, el exasesor ministerial Koldo García —considerado el enlace operativo de la trama— negoció directamente con Torres la venta de material sanitario a través de Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama, uno de los principales imputados.

Los mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo, a los que ha tenido acceso la UCO, acreditan contactos directos con el entonces presidente canario. En ellos, se discuten precios, plazos de entrega y la posibilidad de reconducir una deuda por material defectuoso.

Los investigadores también rastrean otro proyecto impulsado por Koldo durante el mandato de Torres: una refinería de combustibles en Canarias, que no llegó a materializarse, pero que habría implicado a altos cargos del Ministerio de Industria.

El caso se amplía: Ábalos, Armengol y la financiación irregular

El caso Koldo sigue ampliando su alcance. Además del informe sobre Cerdán, la UCO tiene pendiente remitir al Supremo los resultados de la investigación sobre los contratos de mascarillas firmados por la Administración balear bajo el mandato de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.

En el último informe ya presentado, referido al exministro José Luis Ábalos, los agentes detectaron 95.437 euros en gastos no justificados, incluidos 20.799 euros en pagos personales con cargo a fuentes no declaradas.

El juez Puente ha citado de nuevo a declarar al exministro el 15 de octubre, al considerar que existen indicios de “recepción ilícita de dinero en metálico”. Según el magistrado, Ábalos no realizó ningún reintegro de efectivo entre 2018 y 2023, lo que podría evidenciar que manejaba fondos en ‘B’ procedentes de sobornos.

Ferraz, bajo el escrutinio judicial

Con el informe patrimonial de Santos Cerdán a punto de entregarse y con nuevas pruebas sobre los contratos autonómicos, la investigación se adentra en un terreno de máxima sensibilidad política: la posible financiación irregular del PSOE y la existencia de una contabilidad paralela vinculada a Ferraz.

Fuentes judiciales advierten que el documento que prepara la UCO podría “ser determinante para sostener la prisión de Cerdán y ampliar las imputaciones”, lo que situaría al corazón orgánico del partido ante su crisis más grave en décadas.

El juez Puente lo dejó entrever en su último auto: «Existen indicios racionales de una red de cobros irregulares con participación de altos cargos del partido y del Ejecutivo, cuyo esclarecimiento requiere la máxima prudencia y profundidad».

Si las conclusiones de la UCO confirman los indicios, el caso Koldo podría convertirse en el mayor escándalo político y financiero de la historia reciente del PSOE, con implicaciones directas en el núcleo más cercano del presidente del Gobierno.