Todas las asociaciones judiciales se rebelan contra Montero: “Nadie es culpable sin pruebas”

En una democracia madura, los principios no se debaten en función de la temperatura política del momento, ni se relativizan según el grado de indignación ideológica. El Estado de Derecho es un andamiaje frágil que se sostiene sobre certezas jurídicas, no sobre emociones o pulsiones partidistas. Y es precisamente por eso que las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, merecen una respuesta firme, sobria y a la altura de lo que está en juego.

Tras conocerse la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso Dani Alves, Montero no dudó en calificarla de "vergüenza" y en cuestionar que la presunción de inocencia pueda prevalecer sobre el testimonio de las víctimas, cuando estas son —en sus palabras— mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas.

Estas afirmaciones, aunque revestidas del lenguaje de la solidaridad feminista, traspasan una línea crítica: la que separa la defensa legítima de los derechos de las víctimas, del cuestionamiento directo a los fundamentos del sistema judicial. Y no han pasado desapercibidas.

El principio inamovible: nadie es culpable sin pruebas

En una reacción sin precedentes por su unanimidad y severidad, todas las asociaciones judiciales y fiscales de España, sin distinción de sensibilidad ideológica, han salido al paso para recordar que la presunción de inocencia no es una convención social: es un derecho constitucional. Un principio estructural del orden jurídico democrático que no admite excepciones ni atajos morales.

Como ha recordado la Asociación Profesional de la Magistratura, junto a la Asociación de Fiscales, Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente y otras organizaciones, ningún poder del Estado puede permitir que la culpabilidad se presuma antes de ser probada. Y menos aún, puede aceptar que un miembro del poder Ejecutivo cuestione públicamente una resolución judicial sin ofrecer una sola prueba, más allá de la propia discrepancia ideológica.

Esta no es una disputa sobre un caso concreto. Es un debate de fondo sobre la arquitectura institucional de la justicia y el respeto entre poderes. Porque cuando un miembro del Ejecutivo —más aún, una ministra y candidata a presidir una comunidad autónoma— acusa a un tribunal de actuar de forma vergonzosa, lo que se erosiona no es solo la sentencia en cuestión. Lo que se resquebraja es la confianza ciudadana en la imparcialidad y autonomía del poder judicial.

Un tribunal, tres juezas y un fallo basado en derecho

Conviene recordar —como también señala el análisis de El Debate— que el tribunal que absolvió a Dani Alves estaba integrado por tres magistradas, dos de ellas de perfil progresista, y una ponente experta en igualdad y derechos de la mujer. La idea de que dicha resolución haya sido dictada desde el prejuicio o la connivencia con el poder resulta, como mínimo, inconsistente. Como máximo, peligrosa.

Porque si los jueces —ni siquiera aquellos más identificados con los valores feministas— pueden llegar a una conclusión absolutoria sin ser atacados políticamente, entonces el principio de imparcialidad no sólo se ve amenazado, sino deslegitimado desde dentro del propio sistema político.

El equilibrio delicado: víctimas, justicia y responsabilidad

No hay duda alguna de que los derechos de las víctimas —especialmente en casos de violencia de género o agresiones sexuales— deben ser protegidos con toda la fuerza de la ley y la sensibilidad que merecen. Las asociaciones judiciales lo han subrayado con claridad. Pero han añadido algo que Montero ha omitido: esa protección debe coexistir con los derechos fundamentales del acusado, incluyendo el de no ser condenado por la opinión pública antes de ser juzgado.

Lo que se pone en juego aquí no es el apoyo a las víctimas. Es la instrumentalización de los sentimientos colectivos para debilitar el debido proceso. Y eso, como bien advierten los jueces y fiscales, pone en riesgo la equidad misma de los juicios y la vigencia del Estado de Derecho.

La frontera entre la crítica legítima y el populismo institucional

No se trata de amordazar la crítica. La crítica a las decisiones judiciales es no solo legítima, sino necesaria en una democracia plural. Pero hay una diferencia sustantiva entre una crítica razonada —basada en argumentos jurídicos— y una descalificación política que deslegitima al tribunal y, por extensión, al sistema judicial en su conjunto.

Cuando María Jesús Montero afirma que le "avergüenza" una sentencia judicial, no está ejerciendo su libertad de expresión. Está desempeñando un acto institucional que debe someterse a la responsabilidad del cargo que ocupa. No es una ciudadana cualquiera: es vicepresidenta del Gobierno y candidata a dirigir una comunidad autónoma. Sus palabras tienen consecuencias. Y las consecuencias, en este caso, son una grieta en el respeto entre poderes del Estado.

Un llamamiento al orden institucional

Las asociaciones judiciales han sido claras. Este no es un conflicto ideológico, ni un episodio mediático. Es una advertencia institucional. Han pedido a los representantes públicos —sin excepción— que ejerzan la responsabilidad que se les presupone. Que no contribuyan a debilitar el tejido constitucional con declaraciones inflamadas, por más bienintencionadas que pretendan ser.

Porque si el respeto a las resoluciones judiciales depende de que el resultado nos satisfaga políticamente, entonces habremos sustituido el Estado de Derecho por el estado de opinión.

Y si ese es el camino, la democracia dejará de ser un régimen de garantías para convertirse en un campo de batalla ideológica sin árbitros ni reglas.