La juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye el caso Mediador, investigará a la prensa y las publicaciones sobre este caso. El Juzgado de Instrucción numero 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado incoar diligencias previas por presunta revelación de secretos ante las «múltiples y continuas publicaciones» en referencia al denominado caso Mediador. La juez responde así a una petición de Raúl Miranda, abogado del ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni. El letrado pide que se inicie una investigación por una posible «revelación de secretos a particular» del artículo 199 del Código Penal. Por cierto, la juez ha declarado secretas las diligencias sobre la revelación de secretos.En este procedimiento, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres investiga si un grupo presuntamente encabezado por dos cargos públicos (el exdiputado nacional Juan Bernardo Fuentes Curbelo y el exdirector general de Ganadería de Canarias Taishet Fuentes) y un general de la Guardia Civil (Francisco Espinosa) cobraba sobornos de empresarios para lograr contratos púbicos y subvenciones o para impedir inspecciones o sanciones.

La causa se desarrolló bajo secreto de sumario hasta el 14 de febrero, día en el que fueron detenidos once de los doce investigados (en ese momento, Fuentes Curbelo todavía era diputado en el Congreso y la juez se abstuvo de tomar ninguna medida contra él, más allá de consignar en autos los indicios que lo señalaban). 

El caso Mediador continúa en fase de instrucción pero el secreto de las actuaciones sobre la pieza 1 del caso se levantó hace más de un mes. El 22 de febrero la juez decidió dejar en libertad a Juan Bernardo Fuentes Curbelo después de que la Fiscalía no pidiese prisión para él. Por este asunto sólo se decretó la prisión preventiva del general Espinosa, uno de los considerados «cabecillas» de la trama Mediador.

El 13 de febrero, Lorenzo-Cáceres dictó un auto por el que ordenó que, una vez practicadas las detenciones, se levantara el secreto de sumario y las diligencias fueran entregadas a todas las partes, ya que hasta ese momento solo las conocían el Ministerio Fiscal y los equipos de la Policía y la Guardia Civil al cargo del caso.

Sin embargo, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la magistrada cree ahora que "las múltiples y continuas publicaciones" relativas al caso Mediador podrían ser constitutivas de un delito de revelación de secretos y ha abierto unas nuevas diligencias para determinar si es así.

Por el momento, aún no se ha hecho público el auto en el que explica las razones de esa decisión.  

Las actuaciones conocidas se centran de momento en una presunta trama de corrupción alrededor del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taishet Fuentes, director general de Ganadería del Gobierno canario y del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, todos ellos conectados con el mediador Antonio Navarro y media docena de empresarios que, presuntamente, pagaron comisiones a cambio de solicitar favores a instancias públicas.