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De terroristas a pensionistas: el retiro dorado de ETA bajo el chavismo

El régimen bolivariano dio empleo, seguridad social y cobertura institucional a antiguos jefes del grupo armado. / EP
Durante años, el régimen chavista protegió y empleó a antiguos miembros de ETA, que ahora cobran pensiones públicas

Los antiguos dirigentes de ETA refugiados en Venezuela culminaron su exilio con una integración plena en el aparato del Estado chavista, hasta el punto de cotizar durante años y acceder a pensiones públicas venezolanas. Así lo acreditan registros oficiales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que permiten reconstruir por primera vez, con datos administrativos, el destino final del exilio etarra bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, según publica The Objective.

La investigación, basada en bases de datos laborales y de pensiones en vigor, confirma que varios jefes de ETA en Venezuela fueron empleados por empresas públicas, regularizaron su situación y cerraron su trayectoria como pensionistas del sistema venezolano. Un desenlace que contrasta con el de otros militantes que fallecieron en el país o regresaron a España desengañados del régimen.

Pensión pública tras años de cotización

El caso más claro es el de Xabier Arruti Imaz, uno de los principales referentes de ETA en Venezuela. Los registros del IVSS lo sitúan como asegurado desde enero de 2005, con trayectoria laboral continuada en empresas y administraciones públicas, entre ellas Gas Comunal, vinculada a PDVSA, y posteriormente una alcaldía del Estado Falcón.

Tras salir administrativamente a finales de 2023, Arruti cumplió los requisitos de edad y cotización y obtuvo en 2024 la pensión de vejez, que figura activa en 2026. Es decir, cobra hoy una pensión pública venezolana tras un proceso ordinario de jubilación.

Cubillas: empleo público y expediente archivado

Más complejo es el recorrido de Arturo Cubillas Fontán, otro de los históricos de ETA en América. Los registros confirman su vinculación laboral con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), pero también su egreso formal en 2016. Desde entonces, no aparece una pensión activa, sino un expediente administrativo archivado tras su salida del sistema.

Este final contrasta con su relevancia judicial y política. La Audiencia Nacional lo señaló como responsable de la estructura exterior de ETA, atribuyéndole contactos con las FARC y funciones de enlace y coordinación. Pese a peticiones de extradición, Venezuela las rechazó, amparándose en su soberanía y en la nacionalidad venezolana adquirida por Cubillas.

El exilio etarra en Venezuela

El desembarco de etarras en Venezuela se produjo en oleadas desde los años ochenta, como destino de huida ante la presión policial en España y Francia. Algunos se integraron en estructuras estatales, otros mantuvieron perfiles discretos y varios no entraron en el circuito laboral público. Esta diversidad explica trayectorias administrativas distintas dentro de un mismo fenómeno histórico.

Figuras como José Ignacio de Juana Chaos residieron en el país sin integración administrativa ni pensión, mientras que otros regresaron a España. Es el caso de Koldo Zurimendi Oribe, que volvió en 2019 alegando dificultades económicas y la situación «amargada» del país bajo Maduro.

Fallecimientos y cierre del ciclo

El exilio también terminó en fallecimientos, como los de Miguel Ángel Aldana Barrena (2016) o Martín San Sebastián Aguirre, confirmando que no hubo relevo generacional. El resultado final es claro: integración administrativa para algunos, expedientes archivados para otros, regresos y muertes para el resto.