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“No tenemos personal”: la excusa de la Policía para no investigar a David Sánchez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Begona-Gomez, en una imagen de archivo durante una sesión en el Congreso de los Diputados. / ARCHIVO
La investigación judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha revelado un insólito bloqueo institucional

La jueza Beatriz Biedma abrió el 30 de mayo de 2024 una causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda y la Administración pública. Apenas tres semanas después, el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz solicitó la colaboración de la Brigada de Policía Judicial para avanzar en las diligencias. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación ha generado una profunda inquietud.

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la Jefatura Superior de Policía de Extremadura rechazó formalmente asumir la investigación, alegando que no disponía de personal suficiente para llevarla a cabo. La respuesta fue transmitida telefónicamente al Juzgado por la comisaria principal, María Elisa Fariñas, pero fuentes policiales señalan que la orden de negarse no partió de ella, sino “desde arriba”, apuntando a niveles superiores dentro del Ministerio del Interior.

El trasfondo político en la cúpula policial

La figura de Fariñas adquiere especial relevancia en este contexto. Según las mismas fuentes, no mantiene una relación fluida con el ministro Fernando Grande-Marlaska. En 2023, cuando se jubiló el jefe de la División de Formación, muchos esperaban que Fariñas le sucediera por su trayectoria y experiencia. Sin embargo, Marlaska sorprendió al elegir a Javier Nogueroles, jefe superior en Ceuta, para el cargo. Este precedente refuerza la tesis de que la decisión de no investigar a David Sánchez podría haber estado motivada políticamente y no por falta real de medios.

Los números desmienten la excusa

La versión oficial alegaba una escasez de efectivos. Pero, según datos confirmados por THE OBJECTIVE, la Brigada de Policía Judicial de Extremadura cuenta con 73 agentes, incluyendo 53 investigadores y varias unidades de apoyo (UFAM, UIT, SIRAJ). Además, de haber sido necesario, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) podría haber prestado refuerzos.

Sin embargo, la UDEF ha sido neutralizada desde que Fernando Alonso fue designado jefe de unidad en 2022, una elección también atribuida a Marlaska. Desde entonces, la UDEF ha estado ausente de las principales causas de corrupción que afectan al entorno del Gobierno, como la trama Koldo, el caso Begoña Gómez o la red de contratos de hidrocarburos relacionada con Víctor de Aldama.

Intervención de la Guardia Civil

Ante la negativa de la Policía, la magistrada ordenó en junio de 2024 que fuera la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien se hiciera cargo de la investigación. La UCO asumió entonces las diligencias y ha llevado desde entonces el peso de la instrucción, como también ha hecho en otros casos de corrupción de alto perfil.

La actuación de la Policía en este caso, en contraste con la diligencia de la Guardia Civil, refleja las dificultades que encuentran ciertos órganos del Estado para actuar cuando las investigaciones afectan a personas del círculo más próximo al poder.