El Constitucional prevé incluir la malversación en la amnistía para beneficiar a Puigdemont
El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto pronunciarse este verano sobre la Ley de Amnistía y, según revela The Objective, avalará su constitucionalidad. Esta decisión no sólo desestimaría el recurso del Partido Popular y las impugnaciones presentadas por varias comunidades autónomas, sino que también allana el camino para incluir el delito de malversación dentro del ámbito de aplicación de la ley, beneficiando directamente a Carles Puigdemont.
Fuentes del alto tribunal han indicado que la magistrada Inmaculada Montalbán, ponente del caso, ya tiene redactado un borrador de sentencia que valida la Ley Orgánica 1/2024, conocida como la ley de amnistía. El texto será debatido en un Pleno con mayoría progresista, y se espera que reciba el respaldo de la mayoría de magistrados afines al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. Según las mismas fuentes, la sentencia ha sido elaborada en línea con el criterio del propio Conde-Pumpido.
La resolución también anticipa el rechazo a las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que cuestionaban la norma por presunta vulneración del principio de igualdad y de seguridad jurídica.
En paralelo, el TC estudia los recursos de amparo presentados por Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, a quienes el Supremo denegó la aplicación de la amnistía en relación con el delito de malversación, por el que siguen inhabilitados. Aunque fueron indultados por el Gobierno, siguen impedidos de ejercer cargos públicos.
El caso de Puigdemont
El expresidente catalán Carles Puigdemont también presentó un recurso contra la negativa del juez Pablo Llarena a concederle la amnistía por malversación. El instructor del 1-O argumentó que los fondos públicos fueron utilizados para cubrir gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre, y que, al evitar costes personales, los implicados habrían obtenido un beneficio patrimonial indirecto.
El Supremo respaldó esta interpretación al considerar que los líderes del procés se beneficiaron económicamente al no pagar de su bolsillo servicios contratados con dinero público para organizar el referéndum. Este matiz ha sido clave para excluir inicialmente la malversación de la aplicación de la amnistía.
Sin embargo, con la futura sentencia del Constitucional que presumiblemente declarará legal la ley en su conjunto, se abre la vía para que Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, todos procesados por malversación, puedan acogerse a ella. Una vez el Supremo emita su decisión sobre sus recursos, podrán acudir también al Constitucional con recursos de amparo, que podrían resolverse en un contexto ya favorable a la aplicación general de la ley.
Claves del cambio de criterio
La ley establece que no se concederá amnistía en casos donde haya existido enriquecimiento personal o perjuicio a intereses financieros de la UE. No obstante, la fiscalía y la abogacía del Estado han defendido públicamente que los fondos usados eran de la Generalitat, no europeos, y que no hubo lucro personal directo.
En este escenario, todo apunta a que el TC aplicará una interpretación amplia del concepto de "no enriquecimiento" que dejaría fuera del veto a la mayoría de los implicados, permitiendo su rehabilitación política.
De confirmarse, este fallo tendría efectos políticos inmediatos: permitiría el regreso legal de Puigdemont a España y rehabilitaría a varios exdirigentes del procés. También supondría un respaldo institucional clave al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha defendido la norma como vía para la «normalización política» en Cataluña.
¿Y si no llega a tiempo?
El Ejecutivo estudia ya otras opciones, como conceder nuevos indultos a Junqueras y Turull si la aplicación de la amnistía se retrasa. En cualquier caso, el TC marcará el rumbo judicial definitivo sobre una ley que ha polarizado la política española y que podría redefinir los equilibrios entre poderes del Estado.